Trump le pide a Milei reactivar el radar militar ingles que autorizó Melella en Tierra del Fuego

La escandalosa y deshonrosa instalación del radar de la empresa LeoLabs Argentina SRL en Tolhuin, Tierra del Fuego, se convirtió este sábado 4 de octubre de 2025, en el centro de una operación de prensa lanzada por la embajada de los Estados Unidos, desde el diario La Nación. En un artículo firmado por el periodista y editor Pablo Fernández Blanco, el diario de la familia Mitre-Saguier, minimiza el riesgo militar del campo de antenas presiona por la reactivación del sistema; buscando allanar el camino para que el gobierno de Javier Milei ceda a la explícita exigencia del Comando Sur de EE. UU., y así quebrar de una vez por todas, el principio de la soberanía nacional que resguarda el pueblo fueguino a escasos 600 kilómetros de las Islas Malvinas.

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El relato del matutino porteño intenta desactivar la alarma, proponiendo que el radar de capitales británicos e irlandeses es una simple herramienta para evitar colisiones de "chatarra espacial" y sugiriendo que, a diferencia de otras estaciones de LeoLabs en el mundo, esta no tendría capacidad militar. Tesis que contradice de manera flagrante el informe técnico del propio Ministerio de Defensa argentino de 2023 y gran parte de las actividades globales de la propia empresa, que no esconde hacer público de sus acuerdos con el Departamento de Defensa del Reino Unido y su asociación con otras tecnologías para responder a las necesidades del programa “cúpula dorada” de Donald Trump.

Desmantelando el argumento Central de La Nación

La nota de La Nación se apoya en dos argumentos principales para presionar por la reactivación: la supuesta inocuidad militar del radar de Tolhuin y la promesa de la empresa de eliminar la participación británica. Ambos puntos son refutados por hechos concretos y la documentación oficial:

1.    "Solo puede rastrear satélites y chatarra espacial": FALSO. El informe de agosto de 2023 del Ministerio de Defensa, respaldado por la élite científico-militar del país (CONAE, FFAA, INVAP), determinó que el sistema AGSR de LeoLabs es de "uso dual", con capacidad para el seguimiento de blancos no colaborativos, como misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos y satélites militares. Es decir, una herramienta de inteligencia encubierta. Esta capacidad fue ratificada recientemente: en septiembre de 2025 se reveló que LeoLabs participó en ejercicios con la industria militar estadounidense para probar el rastreo de misiles hipersónicos, un proyecto clave para el programa de defensa "Cúpula Dorada" de Donald Trump. Además, la empresa informó haber detectado el mal funcionamiento del satélite militar ruso Cosmos 2553, lo que demuestra su clara orientación a objetivos bélicos.

2.    "Participación británica mínima y pasiva": ENGAÑOSO. Si bien el hilo societario reportado por La Nación (95% irlandés y 5% británico, ambos controlados por la matriz estadounidense) sugiere una participación menor del Reino Unido, el informe de Defensa argentino subrayó que la instalación en Tierra del Fuego por una empresa con capitales británicos es "totalmente incompatible" con la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). El riesgo no es solo el porcentaje, sino la persistencia militar ilegal del Reino Unido en las Malvinas. Además, el documento alertó que cuatro de las seis estaciones de LeoLabs están ubicadas en países de la alianza de inteligencia "Five Eyes" (EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda), lo que implica que la información captada en suelo argentino es "factible de ser distribuida" entre sus servicios de inteligencia. La promesa de eliminar el 5% británico es una concesión menor que no anula la amenaza del espionaje.

La presión del Comando Sur y la vulnerabilidad libertaria

La nota de La Nación tiene un objetivo claro: justificar la cesión a la presión militar y financiera de Washington. El jefe del Comando Sur de EE. UU., almirante Alvin Holsey, ha solicitado expresamente al gobierno de Milei que se reactive el radar en el contexto de la escalada bélica en Ucrania.

Este pedido se enmarca en un contexto de fuerte condicionamiento: la reactivación del radar se suma al interés de EEUU. de involucrar al Comando Sur en el desarrollo antártico argentino, puntualmente en la Base Naval Integrada proyectada en Ushuaia, y a las gestiones para una base logística y de apoyo a la flota de submarinos en el Canal Beagle.

Una vez más como en otras tantas oportunidades de la bastardeada historia argentina, el Diario La Nación funciona así, como un agente de presión para que el gobierno pueda ceder a la voracidad de la embajada estadounidense, minimizando el impacto político de una decisión que atenta contra la soberanía.

La Trama Fueguina: Corrupción y la evasión al desarme

El escándalo inicial en Tierra del Fuego, que la nota de La Nación apenas roza, demuestra la oscuridad con la que se gestó el proyecto:

El radar se instaló con una velocidad récord en permisos y bajo un sospechoso silencio de la gestión de Gustavo Melella.
Obtuvo el beneficio fiscal en cuanto a la liberación de costos para el ingreso aduaneros de los 13 contenedores marítimos donde ingresó el aparato.
El millonario costo de la extensión de la energía eléctrica hasta el predio nunca fue aclarado, no se sabe si la empresa abonó la obra o si fue un obsequio de la gestión Melella.
Los directivos de LeoLabs Argentina S.R.L. son figuras vinculadas al poder provincial: el director es yerno de la exdiputada nacional Mabel Caparros (FORJA) y otro, hijo del presidente de la Dirección Provincial de Energía, funcionario responsable del tendido eléctrico.
El alquiler del predio, superior a los 150 mil dólares anuales, se paga en el Zagreb Bank de Croacia, fuera del sistema bancario argentino y sin ningún control fiscal por parte de AFIP y la AREF.
A pesar de que el permiso nacional fue cancelado y el gobierno de Melella se vio obligado a quitar la habilitación ambiental, el radar sigue instalado. Aun así, en tándem, la gestión fueguina y la empresa evaden la orden de desmantelamiento físico. Melella juega a dormir la pelota luego de haber ido a la justicia para esta decida algún día, a autorizarlo a quitar la inscripción de la IGJ. Una gambeta administrativa que de ninguna manera garantiza que el aparato, con su infraestructura de alta potencia, quede inoperable.

La reactivación de este radar de espionaje angloamericano en la puerta de la Antártida y a un paso de Malvinas, validada por una operación de prensa, no es otra cosa que un acto de entrega de soberanía histórica a merced de las necesidades financieras de un gobierno libertario que se cae a pedazos, y de una gestión fueguina que rifará -casi por idénticos motivos-, los últimos restos de su capital político, aunque para ello tenga que entregar el presente y el futuro de la provincia que contiene dentro de su jurisdicción, las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y el sector antártico argentino.

Fuente: con informacion de Agenda Malvinas.