PoloSur
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos comenzó a aplicarse en México, generando un debate en torno a su constitucionalidad. Críticos de la ley advierten que esta normativa podría profundizar las condiciones de exclusión en el sistema económico del país. La iniciativa fue presentada en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca promover el uso de herramientas como tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, domiciliaciones, códigos QR y tecnología NFC, tanto en transacciones comerciales como en trámites y servicios gubernamentales.
De acuerdo con sus defensores, la ley tiene como propósito "cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, para que cualquier persona pueda pagar de manera digital", según se detalla en el documento de presentación. Entre las disposiciones que incluye, la normativa establece que la CURP digital será aceptada como un mecanismo válido para verificar la identidad de quienes deseen contratar servicios financieros a través de plataformas electrónicas. Sin embargo, también se aclara que los interesados podrán presentar otros documentos oficiales para cumplir con este requisito.
La ley contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano, un recurso diseñado para facilitar el acceso de las instituciones financieras a documentos e información digital de las personas que busquen contratar servicios de este tipo, siempre que exista una autorización previa por parte de los ciudadanos. Los datos que se incluyan en este expediente tendrán la misma validez jurídica que sus equivalentes físicos, y los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su consulta y portabilidad.
Además, la nueva ley otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar los sectores estratégicos o actividades relevantes en las que los pagos digitales y electrónicos serán la única forma de realizar operaciones. Hasta el momento, no se han especificado las condiciones, requisitos y reglas de operación que regirán estos sectores. La SHCP tiene un plazo de 15 días para definir estos aspectos.
Es importante señalar que la normativa incluye una excepción. En caso de que una contingencia impida la recepción de pagos digitales, se permitirá de manera temporal el uso de efectivo o cheques. Sin embargo, se aclara que estas situaciones no podrán convertirse en una práctica habitual. Un letrero en una tienda local de México informa que se aceptan tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas.
En el marco de la nueva legislación, se establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben adoptar medios de pago electrónicos y digitales para la realización de trámites y servicios. Asimismo, los proveedores de bienes y servicios tendrán la opción de incorporarlos en sus operaciones. Tanto las dependencias gubernamentales como los comercios deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y crear mecanismos para atender las eventualidades que puedan impedir temporalmente la aceptación de estos métodos de pago.
La ley también asigna nuevas responsabilidades a las autoridades financieras y tecnológicas. El Banco de México tendrá la facultad de regular los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista, con el fin de generar alternativas adecuadas para distintos segmentos de la población. Además, se encargará de desarrollar herramientas que faciliten las transferencias electrónicas, homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras y establecer, en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), disposiciones para que las terminales de puntos de venta que aceptan pagos con tarjeta también puedan recibir códigos QR, de acuerdo a las especificaciones técnicas y operativas que determine el banco central. La CNBV será responsable de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.
Por último, la iniciativa otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la responsabilidad de desarrollar modelos y soluciones tecnológicas relacionadas con la digitalización de trámites y servicios. Entre los proyectos que se contemplan se encuentran la CURP digital, el Expediente Digital Ciudadano, una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
La pregunta sobre la efectividad y constitucionalidad de la ley ha surgido tras su aprobación por parte de los legisladores en octubre. Desde ese momento, han surgido inquietudes respecto a su implementación, los alcances que tendrá y el impacto económico que podría generar en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como en los consumidores.
En una publicación realizada a finales del mes pasado, Banamex señaló que, aunque la nueva ley busca adaptarse a las condiciones actuales del sector bancario, también podría ocasionar situaciones de exclusión. Esto se debe a los bajos niveles de bancarización, las brechas en conectividad y habilidades digitales, así como a la desconfianza de los usuarios hacia los métodos electrónicos. Estos elementos contribuyen a que el uso de efectivo siga siendo el principal medio de pago en el país.
“Contar con infraestructura no asegura su adopción. La efectividad de la ley dependerá de cerrar la brecha entre el acceso formal a los instrumentos financieros y su uso cotidiano, especialmente entre microempresas, trabajadores informales y en regiones con menor conectividad, además de abordar los riesgos asociados con su implementación”, afirmó la entidad bancaria.
Varios académicos también han expresado que hay fundamentos para cuestionar la constitucionalidad de la ley, en particular por las facultades que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), argumentó en una entrevista con Expansión que la normativa permite que una autoridad administrativa decida qué sectores económicos deberán aceptar únicamente pagos digitales, sin establecer criterios suficientemente claros de antemano.
“Considero que el argumento podría ser válido en el sentido de que esta delegación no se ajusta a la Constitución, ya que corresponde al Congreso y no a una autoridad administrativa, lo que podría implicar también discrecionalidad en su aplicación”, destacó.
En una línea similar, durante el seminario titulado “Iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos”, que tuvo lugar el 3 de noviembre y fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diversos especialistas señalaron que, aunque los pagos electrónicos pueden facilitar el registro de ingresos y transacciones, promover el acceso al crédito formal y contribuir a la inclusión financiera, su adopción está condicionada por factores como los costos operativos, la conectividad, la disponibilidad de servicios bancarios y los requisitos administrativos.
Durante las deliberaciones, Lorena Rodríguez León, quien ocupa el cargo de directora de la Facultad de Economía de la UNAM, expresó su preocupación respecto a que la ley podría comprometer la privacidad y la autonomía financiera de los usuarios. En este sentido, subrayó que “la posibilidad de realizar operaciones sin que bancos u otros actores conozcan cada movimiento financiero forma parte de esas preferencias [hacia el efectivo]”.
De acuerdo con estimaciones del Banco de México, que corresponden al año 2025 y fueron divulgadas el mes pasado, el 98% de la población mexicana recurre a billetes y monedas para satisfacer sus necesidades diarias. En este marco, será necesario esperar los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para definir en qué comercios, actividades y servicios se dejará de aceptar el efectivo como forma de pago. El contenido de estos lineamientos permitirá anticipar el alcance de la normativa y evaluar si se cuentan con las condiciones adecuadas para que su implementación sea efectiva en el país.
Fuente original: WIRED en Español.
