PoloSur
Un grupo de 15 estados de Estados Unidos ha formalizado un escrito ante la Corte Suprema con el objetivo de apoyar a los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. Este grupo busca revertir el fallo favorable a Argentina emitido por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La presentación fue liderada por el estado de Missouri y se realizó bajo la figura de amicus curiae, que permite a terceros interesados presentar argumentos ante los tribunales sin ser parte del litigio.
Los fiscales generales de los estados que firmaron el documento son en su mayoría republicanos, a excepción del representante de las Islas Marianas del Norte, quien se identifica como independiente. Esta composición política podría limitar la influencia del escrito, según la opinión de Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro. En un posteo en X, Soler afirmó: "Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es 'independiente'). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo".
El escrito sostiene que el tribunal de apelaciones cometió un error al interpretar la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), permitiendo que la legislación argentina impidiera a los demandantes obtener una reparación en los tribunales estadounidenses. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en el litigio por YPF, indicó que los estados advierten que el criterio del Segundo Circuito podría establecer un precedente que permita a gobiernos extranjeros eludir sentencias de tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas que les favorezcan.
En este contexto, el documento menciona como antecedentes las demandas presentadas por Missouri y Mississippi contra China por supuestas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus. Los fiscales generales argumentan que una interpretación similar a la aplicada en el caso YPF podría complicar futuros reclamos contra gobiernos extranjeros. Sin embargo, Soler cuestionó la base jurídica de esta presentación, sugiriendo que se origina en una interpretación errónea de la decisión del tribunal neoyorquino.
"La premisa del argumento es falsa: La Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino, específicamente en materia societaria y la ley general de expropiaciones. Este marco legal es el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes involucradas y todos los jueces que intervinieron en el litigio", afirmó Maril.
Según explicó Maril, durante las próximas semanas podrían presentarse nuevos escritos de amicus curiae, tanto a favor de los demandantes como en respaldo de la posición argentina, lo que podría influir en el desarrollo del caso.
Otro elemento pendiente será la eventual intervención del procurador general de Estados Unidos, John Sauer, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Missouri. Su opinión podría resultar relevante para la evaluación del caso, dado que su perspectiva puede aportar un enfoque adicional a la discusión legal.
Maril recordó que el procurador general interviene cuando la Corte Suprema solicita su posición, algo que es habitual en litigios que involucran a Estados soberanos. Como antecedente, señaló que en 2018, Noel Francisco, quien fue procurador general durante la primera presidencia de Donald Trump, se pronunció en contra de la Argentina, lo que destaca la importancia de la postura del procurador general en este tipo de casos.
Fuente original: Clarín Economía.
