PoloSur
En Viena, durante la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), se selló un acuerdo fundamental para abordar los delitos ambientales. La resolución aprobada busca la creación de un comité especial que se encargará de elaborar un Protocolo específico para enfrentar estos delitos a nivel transnacional.
Hasta el momento, la UNTOC, que se reúne cada dos años desde el año 2000 bajo el marco de la Convención de Palermo, se había enfocado principalmente en la criminalidad transnacional relacionada con la trata de personas, la migración y el tráfico de armas. Sin embargo, en esta décimo tercera cumbre, que concluyó el 23 de octubre, se abre un nuevo capítulo que aborda el tráfico de fauna y flora silvestres, incluyendo madera y productos derivados; la minería ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos; así como el tráfico de residuos. Estos delitos serán considerados transnacionales, lo que implica que requieren acciones coordinadas entre los países miembros de la UNTOC.
Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), destacó la importancia de este acuerdo, afirmando que "este es un momento histórico en la lucha mundial contra los delitos ambientales". Pasqualato subrayó que, en un contexto donde el multilateralismo enfrenta presiones sin precedentes, los gobiernos han reconocido que delitos como el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal constituyen formas graves de delincuencia organizada transnacional que demandan una respuesta internacional coordinada.
La participación de un grupo de representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía fue crucial durante la cumbre. Más de diez líderes provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron para compartir cómo la criminalidad organizada impacta sus vidas en la región amazónica. Este evento marcó la primera vez que un grupo de representantes de pueblos indígenas amazónicos estuvo presente en esta importante cita mundial.
La resolución que da inicio a la elaboración del Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales fue promovida por once países, de los cuales ocho pertenecen a América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. También se sumaron Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. El acuerdo recibió el respaldo de 83 naciones, mientras que solo 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
Entre los países que se manifestaron en contra de la creación del protocolo se encuentran Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos. Este último, además, presentó hasta tres enmiendas con el objetivo de bloquear la iniciativa y ejerció presión sobre otras naciones para que se unieran a su postura.
Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) de Perú, destacó la importancia de la participación indígena en la cumbre, señalando que “nuestra participación ha sido importante para exponer la grave amenaza que existe en nuestros territorios a causa del narcotráfico, la minería ilegal y también del tráfico de tierras”. Durante el evento, los representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil expusieron el impacto que los crímenes ambientales tienen en sus respectivos países, así como la forma en que la violencia y la presencia del crimen organizado amenazan a los pueblos indígenas en la Amazonía.
“Sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado no tienen fronteras; por eso necesitamos que en este espacio global, donde se habla sobre estos temas, se apruebe el protocolo que ayudará a combatir el incremento de la criminalidad organizada en nuestros territorios”, expresó el líder indígena kakataibo poco antes de que se aprobara el pedido.
Durante la cumbre, los representantes de los pueblos indígenas mantuvieron reuniones con embajadores de los países miembros del convenio de las Naciones Unidas, así como con integrantes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con Mónica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo encargado de supervisar y gestionar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
Mónica Juma, quien también es directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV), ha sido parte fundamental en estos diálogos. Marcelo Odicio comentó: “Exponer ante la comunidad internacional la grave amenaza que ocurre en nuestros territorios y, sumado a ello, los asesinatos que hemos sufrido, ha sido muy importante en estos días de diálogo”. Además, enfatizó la necesidad de que “en las próximas conferencias exclusivamente de crimen organizado, los pueblos indígenas tengan su propio espacio de diálogo”.
Brayan Mojinajisoy, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón (Acimvip) y líder del pueblo inga del Bajo Putumayo en Colombia, también participó en la cumbre. Mojinajisoy destaca que la situación de los pueblos indígenas en la región fronteriza del Putumayo es comparable a la del Perú, ya que los grupos armados que operan en esta área se desplazan entre Colombia, Ecuador y Perú. “De algún modo, eso permite que sean corredores para que realicen sus actividades. Yo vengo de la parte media del río Putumayo y conocemos cómo funcionan estas dinámicas”, expresa.
El líder indígena indica que la delegación de pueblos originarios llegó a este encuentro con múltiples demandas, además de buscar la aprobación del protocolo sobre delitos ambientales. Los representantes indígenas también solicitaron que se reconozca la participación de las autoridades indígenas, así como sus sistemas de gobierno y estructuras organizativas en las discusiones de este foro internacional.
En la delegación indígena se encontraban, entre otros, Patricia Gualinga de Ecuador, quien es parte del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas; Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis en Perú; Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) en Perú; Francisco Da Silva Piyako, líder indígena de la región de Juruá en Brasil; Ingry Mojinajisoy, líder indígena Inga de Acimvip en Colombia; Segundo Pino, de la Guardia Indígena Kakataibo en Perú; Herlin Odicio, vicepresidente de ORAU; y Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
¿Qué implicaría la creación de este nuevo protocolo? La resolución aprobada en la UNTOC establece la creación de un comité especial encargado de desarrollar un protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el objetivo de abordar los delitos ambientales mencionados previamente. Además, se buscará adoptar otras medidas relevantes para la prevención, investigación, enjuiciamiento y resolución de estos delitos.
Este acuerdo marca el inicio de las negociaciones para establecer el nuevo protocolo. El documento aprobado estipula que se deben llevar a cabo cuatro sesiones, con la intención de que en la próxima conferencia de las partes se presente un proyecto de protocolo.
La decisión aprobada el viernes también reconoce "la importante función de los pueblos indígenas y las comunidades locales, al contribuir a los esfuerzos de los Estados miembros —de conformidad con su legislación nacional— para prevenir y combatir los delitos que afectan al medio ambiente, así como la corrupción relacionada con tales delitos".
“Esta decisión histórica permite que la comunidad internacional llegue a un acuerdo sobre respuestas coordinadas a los delitos ambientales transnacionales. Sin embargo, solo será efectiva si el protocolo se discute, diseña e implementa con la participación significativa de los pueblos indígenas”, comenta Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch.
Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, destaca que se haya reconocido a los pueblos indígenas como actores importantes. “Lo que se inicia en este momento es un proceso de negociaciones donde buscaremos que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada”, acota.
Aunque menciona que aún no existe un mecanismo formal para la participación de los pueblos indígenas, Jarrín señala que lo que se buscará es que los pueblos indígenas sean actores activos “no solamente porque conocen el territorio y sus actividades, sino porque contribuyen a la seguridad dentro de la Amazonía”.
La iniciativa que acaba de ser aprobada fue liderada por Brasil y Perú. Carlos Alberto Sánchez del Águila, ministro en la Embajada de Perú de Austria, ha sido uno de los impulsores de este acuerdo.
Jarrín comenta que Sánchez del Águila, representante de Perú, “lleva varios años detrás de esta propuesta” junto con Brasil que ha hecho todos “los esfuerzos por impulsar este protocolo y los mecanismos de participación”.
En un comunicado, la Wildlife Conservation Society (WCS) reconoció “especialmente el liderazgo de Brasil, Francia y Perú al reunir a sus gobiernos en torno a esta iniciativa y felicitó a todos los copatrocinadores y socios de la sociedad civil cuyo compromiso y diplomacia contribuyeron a que la decisión fuera posible”.
Artículo publicado originalmente en Mongabay LATAM.
Fuente original: WIRED en Español.
