PoloSur
En un contexto de conflicto judicial y ambiental que aún no se ha resuelto, el desarrollo inmobiliario en la costa sur de Mar del Plata recibió un respaldo institucional por parte del gobierno provincial. A través de una resolución firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se convalidó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante a finales de 2022. Esta ordenanza modificó los indicadores urbanísticos para un terreno frente al mar, donde se proyecta la construcción de nueve edificios en un área que alberga un bosque antiguo y se encuentra adyacente a un arroyo. La decisión ha generado controversia, ya que sectores ambientalistas y residentes locales se oponen a la iniciativa, argumentando que permite la construcción en una zona considerada reserva forestal.
El megaproyecto, denominado Reserva Explanada, ya ha comenzado sus obras en el balneario más exclusivo y costoso de Mar del Plata, conocido como La Reserva, ubicado en el kilómetro 530 de la ruta interbalnearia 11, al sur del faro de Punta Mogotes. Con la aprobación del funcionario de Kicillof, el proyecto ha obtenido el respaldo necesario para aumentar considerablemente su capacidad constructiva en seis hectáreas del barrio Alfar. La normativa que respalda esta decisión incrementó el Factor de Ocupación Total de 0,16 a 0,30, así como el de Ocupación del Suelo de 0,07 a 0,10, y la densidad neta de 80 a 100 habitantes por hectárea. Además, se elevó la altura máxima permitida de 9 a 12 metros, lo que posibilita la edificación de complejos de planta baja y tres pisos en medio de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur. La aprobación provincial se fundamentó en informes técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) y del Ministerio de Ambiente bonaerense, que previamente habían emitido dictámenes de prefactibilidad hídrica y ambiental. Sin embargo, se aclara que la responsabilidad principal sobre el ordenamiento territorial recae en la Municipalidad de General Pueyrredón. A pesar de esta aprobación, se establece que la autorización definitiva para la subdivisión o el inicio del uso del suelo estará sujeta al cumplimiento de la legislación provincial vigente en materia de infraestructura y servicios, lo que significa que no se trata de un permiso de obra automático.
La convalidación administrativa se produjo en un momento en que las organizaciones ambientalistas están intentando frenar el proyecto a través de acciones judiciales. La ausencia del sello provincial era uno de los argumentos más destacados que los vecinos utilizaban para cuestionar la validez legal del proceso.
En agosto de 2026, la Asamblea Playas del Sur, en colaboración con Surfrider Argentina, presentó una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, con el objetivo de solicitar la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental que había sido emitida previamente por el ente municipal EMSUR. Los demandantes pidieron una medida cautelar urgente que ordenara la suspensión de cualquier actividad relacionada con el movimiento de suelo o la tala de árboles en la parcela afectada.
En su presentación, los demandantes señalaron que el proyecto de obra contempla una extensión de aproximadamente 40.000 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en varios edificios que suman un total de 198 unidades habitacionales. Las agrupaciones argumentan que esta intervención representa una amenaza para el sistema de médanos, el acceso público a la ribera y el entorno natural del arroyo Corrientes, además de implicar la remoción de cientos de árboles en un ecosistema que ya se considera frágil.
Aseguran que, si se lleva a cabo un emprendimiento de tal magnitud a escasa distancia del mar, "de reserva no queda nada". Entre sus reclamos, mencionan que ya se habrían iniciado trabajos preliminares antes de contar con todos los permisos necesarios, incluyendo la fijación de dunas y el trasplante de vegetación. También critican que no se realizó un relevamiento arqueológico en una zona que presenta antecedentes de yacimientos milenarios, ni se especificó adecuadamente la demarcación de la línea de ribera y las restricciones de protección para el curso de agua contiguo.
Por su parte, el estudio encargado del diseño arquitectónico, Lapiz Architects, expuso la propuesta urbana y los criterios de sustentabilidad que se han adoptado. Según explicaron los arquitectos Susana La Porta Drago y Axel Zemborain en una publicación especializada, la visión del proyecto busca integrarse con la topografía del lugar. Argumentan que las estructuras ocuparán únicamente el diez por ciento de la superficie del terreno y que las edificaciones se orientarán de manera orgánica en las áreas con menor densidad forestal para reducir el impacto ambiental.
Los proyectistas también detallaron que las fachadas curvas y los volúmenes triangulares de los edificios están diseñados para desmaterializar la presencia visual entre el arbolado. Prometen que los estacionamientos se resolverán de forma subterránea, priorizando el tránsito peatonal, y aseguran que el plan paisajístico contempla la regeneración del bosque con especies nativas.
A pesar de los compromisos de sustentabilidad expresados por los desarrolladores, la decisión política de validar la ordenanza ha reavivado la controversia en torno a los criterios de control sobre la franja costera. Actualmente, la resolución administrativa favorece el expediente privado, mientras que la causa judicial sigue estancada debido a discusiones procesales que han impedido su avance.
Esta situación también presenta una notable contradicción con los recientes movimientos normativos de la Gobernación en relación con el agua. A finales del año pasado, el Ministerio de Infraestructura promovió, a través del Presupuesto 2026, modificaciones al Código de Aguas provincial con el objetivo de fortalecer las facultades de la Autoridad del Agua (ADA). La propuesta buscaba elevar a rango legal la prohibición estricta de loteos o construcciones permanentes en los primeros 150 metros desde la línea de ribera y sobre toda la cadena de médanos, un estándar diseñado específicamente para frenar el avance desmedido del desarrollo inmobiliario en las playas bonaerenses.
Mientras la Provincia proclamaba un discurso de protección ambiental ante la avaricia inmobiliaria, la redacción normativa otorgaba a la propia ADA la facultad discrecional de autorizar excepciones a esta prohibición. En este caso particular, la convalidación de la ordenanza municipal se llevó a cabo bajo la interpretación de expedientes técnicos que habían sido iniciados con anterioridad, lo que ha generado un debate sobre la transparencia y la coherencia de las decisiones administrativas.
Así, la firma del ministro termina validando la flexibilización de indicadores en uno de los sectores más codiciados del sur de Mar del Plata, dejando al descubierto la distancia entre la narrativa oficial de resguardo costero y las decisiones administrativas que provienen de La Plata. Esta discrepancia ha suscitado críticas entre los defensores del medio ambiente y aquellos que abogan por el desarrollo económico.
Por el momento, la ratificación en el Boletín Oficial otorga el respaldo normativo que el sector desarrollador requería para consolidar la viabilidad del negocio. Sin embargo, la controversia permanece abierta en la comunidad marplatense, que se debate entre el impulso del desarrollo privado y la conservación de sus recursos naturales, generando un amplio espectro de opiniones y posturas en torno a la cuestión.
La controversia en torno a la mega obra en Mar del Plata sigue en aumento, generando un intenso debate entre los vecinos y las autoridades.
La obra, que se ubicará en una zona exclusiva frente al mar, recibió la autorización de la Provincia, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en el medio ambiente y la Reserva Ecológica local.
Fuente original: Clarín Sociedad.
