PoloSur
Ariel Rey, empresario de la ciudad bonaerense de San Pedro, expresó su desacuerdo con la absolución de Maximiliano Cabaleyro, líder del Sindicato de Camioneros local, y otros seis imputados, quienes estaban acusados por el bloqueo a su empresa, Distribuidora Rey, en el año 2021. En una entrevista concedida a Infobae, Rey subrayó que, aunque el fallo reconoció la existencia del bloqueo, la coacción y el perjuicio económico que sufrió, lamentó que se haya considerado que estos actos se encuadran dentro del derecho a huelga.
Rey adelantó que su familia tiene la intención de solicitar las instancias de casación para intentar revertir la resolución del tribunal. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia habían pedido una condena de 15 años. El empresario se mostró firme en su decisión de buscar justicia y afirmó: “Independientemente de lo particular, de lo que nos toca a nosotros, vamos a revertir este fallo”.
En su declaración, Rey hizo hincapié en que el juez Alejandro López absolvió a todos los acusados que habían llegado al juicio con prisión preventiva. En este sentido, la resolución del tribunal desestimó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Cabaleyro y los otros seis imputados. Para el empresario, esta decisión judicial abre la posibilidad de que Cabaleyro pueda volver a presentarse en su empresa, lo que consideró preocupante.
Rey manifestó su inquietud al señalar que, tras la resolución, “Maximiliano Cabaleyro hoy puede venir a mi empresa, volver a bloquearme”. Además, agregó que el fallo otorga “carta libre para bloquear, carta libre para extorsionar y carta libre para impedir el normal desarrollo de cualquier otra empresa, no solo la mía”. Esta interpretación, según Rey, se deriva de la decisión del juez, quien, a su juicio, permite cometer delitos bajo el pretexto de defender los derechos de los trabajadores.
La controversia principal en este caso gira en torno al alcance del derecho a huelga. Rey argumentó que esta garantía no debería impedir que aquellos trabajadores que deseen continuar con sus labores puedan hacerlo sin obstáculos.
"Huelga no significa impedir el trabajo", expresó el empresario. Además, subrayó que una protesta sindical no puede ser utilizada como justificación para llevar a cabo extorsiones ni para realizar acciones que obstaculicen el funcionamiento de una empresa.
Distribuidora Rey es una firma dedicada a la distribución de productos alimenticios. Al inicio del conflicto, contaba con 40 empleados, todos ellos encuadrados en el sindicato de comercio, conforme a la actividad que realizaban. En el momento de la entrevista, Rey mencionó que la compañía tenía 36 trabajadores y que contaba con un delegado del sindicato de comercio. "Siempre estuvimos trabajando bien, a derecho, con todas las cosas", aseguró.
El conflicto se originó cuando el Sindicato de Camioneros comenzó a presionar para que parte del personal dejara el encuadramiento en comercio y se pasara a esa organización gremial. Según relató el empresario, inicialmente seis empleados fueron trasladados al sindicato de Camioneros. Posteriormente, se incorporó un delegado, aunque Rey cuestionó que aún no se hubiera alcanzado la cantidad de trabajadores que, según su interpretación, era necesaria para su designación.
El empresario afirmó haber recibido presiones para modificar el encuadramiento sindical, y esas exigencias se combinaron con amenazas de bloqueo. En otro momento de la entrevista, describió esos pagos como una suma mensual que la empresa debía abonar para poder operar sin conflictos. "Nosotros decidimos dejar de pagar para poder trabajar en paz", relató. Según su versión, el bloqueo comenzó tras la decisión de la compañía de cesar esos pagos. "Si no pagás, no trabajás. Ellos cumplieron. Dejamos de pagar y ahí nos bloquearon", sostuvo Rey ante Gonzalo Sánchez.
Rey situó el primer bloqueo el 15 de enero. Afirmó que ese día se presentaron alrededor de 15 personas ajenas a la empresa, junto con trabajadores vinculados al sindicato de Camioneros.
El empresario detalló que en el momento del conflicto contaba con nueve empleados vinculados a ese sindicato, pero que, debido a la presión ejercida por el gremio, se vio obligado a sumar a otros tres trabajadores, alcanzando un total de doce. En su relato, enfatizó que esta decisión fue tomada bajo coacción, afirmando: “Tuve que pasarle tres más para que sean doce, para que puedan tener un delegado”. Además, criticó que las normas de representación sindical se aplicaran según las demandas de la organización, lo que consideró injusto.
Al referirse al primer bloqueo, Rey mencionó que se encontraban seis empleados de la empresa junto a aproximadamente quince personas ajenas a la misma. Aclaró que esta discrepancia en los números se debía a diferentes momentos y grupos que participaron en el conflicto. El empresario indicó que las personas externas se identificaron con el sindicato de Camioneros y formaron un cordón humano que obstaculizaba tanto la entrada como la salida de trabajadores y mercancías. “Veo una patota que me impide trabajar. Tengo que ir a la comisaría a decir: ‘Muchachos, acá hay un montón de personas que me están impidiendo el normal trabajo’”, relató.
El bloqueo se prolongó durante una semana, lo que impidió que la empresa operara con normalidad, generando pérdidas económicas que, según Rey, fueron documentadas a lo largo de la investigación. El empresario subrayó que la pérdida patrimonial fue validada a través de la documentación presentada ante el Colegio de Contadores. “Cuando vos vas a certificar ante un colegio de contadores, podés demostrar la pérdida que tuvimos en una semana que no pudimos trabajar”, explicó.
Rey afirmó que el juez revisó esa documentación durante el juicio. Según su testimonio, la sentencia reconoció la existencia de una pérdida patrimonial, la coacción sufrida y la duración del bloqueo, que fue de una semana. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la decisión del tribunal de considerar que estas acciones estaban dentro del marco de una huelga sindical.
En relación al papel del Ministerio de Trabajo durante el conflicto, Rey también criticó la actuación de esta entidad en la provincia de Buenos Aires. Durante la investigación, se incorporaron grabaciones telefónicas de Maximiliano Cabaleyro y otros elementos que fueron presentados en el debate oral. El empresario mencionó a Sofía Rotundo, a quien identificó como delegada del Ministerio de Trabajo, y señaló que Cabaleyro habría conversado con ella sobre la posibilidad de que se dictara una conciliación obligatoria.
Rey indicó que, en una conversación telefónica, Cabaleyro le habría manifestado a Rotundo: “No me pongas la conciliación obligatoria porque no te la voy a acatar”. El empresario afirmó que, a pesar de esta advertencia, la conciliación obligatoria no fue finalmente dictada. Mientras el depósito continuaba bloqueado, Rey se vio obligado a presentarse ante el Ministerio de Trabajo y a aceptar las condiciones impuestas por el sindicato. “Yo tuve que ir al Ministerio de Trabajo a acatar todas y cada una de las cosas que me diga el sindicato que me estaba extorsionando”, aseguró.
Además, el empresario relató una reunión que mantuvo con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro. Según Rey, el jefe comunal lo convocó durante el conflicto para instarlo a llegar a un acuerdo con los representantes sindicales. “Me dice: ‘Che, vas a tener que arreglar porque los muchachos son bravos’”, recordó Rey. Posteriormente, el intendente le advirtió sobre la posibilidad de una interrupción en el servicio de recolección de residuos. “Vos sabés que si no arreglás me va a cortar la recolección”, afirmó que le dijo Salazar. Según su versión, el intendente vinculó esta eventualidad con la influencia de Cabaleyro.
Rey también mencionó que, durante el debate oral, se escucharon grabaciones de conversaciones telefónicas entre el intendente y el dirigente sindical. En una de esas conversaciones, según su relato, Salazar le habría comunicado a Cabaleyro que enviaría a la Policía para dejar constancia de que no había nada irregular. Rey identificó a Catalano como el comisario mencionado en esa charla. “Ya llamé al Catalano para que pase y ponga en el acta como que no hay nada. Quedate tranquilo”, afirmó que se escuchaba en el audio.
Para Rey, esta intervención tenía como objetivo evitar que quedara registrada la existencia del bloqueo. “Era para que no haya un argumento en la Justicia que certifique que estaba bloqueada la empresa”, sostuvo durante la entrevista. El empresario caracterizó la situación como una posible coordinación entre el sindicato, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. También afirmó que el audio fue incorporado al debate y que su contenido podía ser consultado, dado que se había difundido públicamente.
En relación a la prisión preventiva y el pedido para revertir el fallo, Rey enfatizó la gravedad de la situación y su intención de buscar justicia ante lo que considera un abuso de poder por parte de los involucrados.
El empresario afirmó que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola estuvieron detenidos con prisión preventiva en 2022. Según Rey, esa medida se tomó después de que la investigación reuniera pruebas sobre los bloqueos y las presiones denunciadas. Rey subrayó que la detención se produjo en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores y la dirección de la empresa, lo que había llevado a una serie de manifestaciones y bloqueos que afectaron gravemente las operaciones comerciales. Esta situación, según el empresario, no solo perjudicó a su empresa, sino que también tuvo repercusiones en la economía local, generando incertidumbre entre los empleados y sus familias.
La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Los abogados de la familia Rey habían reclamado una pena de 15 años, argumentando que las acciones de los acusados habían causado daños considerables no solo a la empresa, sino también a la comunidad local, afectando el empleo y la economía de la región. La defensa de la familia enfatizó que los bloqueos no eran meras manifestaciones de descontento, sino que representaban un ataque directo a la actividad económica y a la estabilidad laboral de muchas familias que dependen de la empresa.
El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió a los acusados. La resolución consideró que el bloqueo había existido, pero entendió que se produjo dentro de una protesta sindical protegida por el derecho a huelga. Esta decisión generó reacciones encontradas en la comunidad, donde algunos apoyan la defensa del derecho a la protesta, mientras que otros consideran que se debe proteger la actividad empresarial y los derechos de los trabajadores. La sentencia fue recibida con alivio por parte de algunos sectores sindicales, que argumentan que la protesta es una herramienta legítima para la defensa de los derechos laborales, mientras que otros, incluidos empresarios locales, expresaron su preocupación por el precedente que establece.
Rey anticipó que la familia va a recurrir la sentencia mediante un recurso de casación. “Vamos a solicitar las instancias de casación correspondientes y vamos a ir con todos los elementos donde tenemos las pruebas para poder revertirlo”, cerró. Además, el empresario expresó su confianza en que la justicia revisará el caso de manera justa y objetiva, y que se tendrán en cuenta las implicancias de los bloqueos en el desarrollo económico de la zona. Rey también destacó la importancia de que se escuchen todas las voces en este proceso, incluyendo las de los trabajadores, pero subrayó que la actividad empresarial también merece ser protegida para garantizar el bienestar de la comunidad en su conjunto.
Fuente original: Infobae Sociedad.
