EDUCACIÓN REALIZARÁ CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SALIDAS DIDÁCTICAS

En una nota “muy urgente” enviada al Gobernador, la Fiscalía de Estado confirmó que no acompañará la acción judicial contra el Gobierno nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia. El organismo dejó en claro que, además de no haber sido convocado para definir la estrategia legal, existen actuaciones vinculadas al caso que hoy están bajo investigación interna, lo que le impide asumir la defensa provincial y expone un escenario de extrema fragilidad institucional.

Lula logra crear empleo y subir el poder adquisitivo, mientras mantiene la inflación en torno al 4% anual.

Presentar como un gran beneficio un acuerdo de descuentos aéreos con una empresa cuestionada por cancelaciones y demoras recurrentes resulta, como mínimo, una señal de liviandad frente a una realidad crítica. Para Tierra del Fuego volar no es un lujo ni una promoción turística: es una necesidad estratégica vinculada a la salud, el trabajo, la educación y la vida cotidiana. Apostar a promociones sin garantizar previsibilidad y calidad del servicio no fortalece la conectividad; la precariza, dejando a los fueguinos expuestos a incertidumbre, pérdidas económicas y una política turística que parece más marketing que soluciones reales.

La provincia atraviesa uno de sus momentos económicos e institucionales más delicados —caída productiva, deterioro financiero, crisis social y servicios públicos tensionados— pero la respuesta política parece limitarse a rotar funcionarios y cambiar cargos sin modificar el rumbo. En lugar de un plan económico claro, lo que se percibe es maquillaje institucional, se mueven piezas para sostener un esquema agotado mientras la incertidumbre, la pobreza y la falta de previsibilidad siguen marcando el pulso de Tierra del Fuego.

Las dos plantas bonaerenses emplean a unos 150 trabajadores. En la empresa alegan una cuestión de estacionalidad. Mientras tanto, Cherñajovsky crece en el negocio energético.

Milei decidió retirar al Estado como querellante en la causa que investiga la deuda récord tomada con el FMI durante el macrismo, una medida que beneficia directamente a exfuncionarios hoy cercanos al poder. La decisión reabre el debate sobre el destino de esos fondos, cuestionados por su posible vínculo con procesos de fuga de capitales, y deja al país frente a una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad política por una deuda que aún condiciona el presente económico argentino.