PoloSur
El programa, presentado el 2 de octubre en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se fundamenta en un decreto de necesidad y urgencia emitido en mayo de 2025. Este esquema contempla un aporte de 350.000 dólares al Tesoro o la compra de un bono de 800.000 dólares, además de pagos adicionales de 100.000 dólares por cada cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años, así como de 25.000 dólares por cada menor de edad. Así, una familia con dos hijos menores podría llegar a desembolsar hasta 500.000 dólares.
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, expresó su desacuerdo con el programa, señalando que el artículo 20 de la Constitución nacional establece que la ciudadanía argentina por naturalización se obtiene tras dos años de residencia o mediante la prestación de un servicio excepcional al país, sin posibilidad de compra. Según Gil Domínguez, el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia que permiten al Ejecutivo actuar sin el Congreso, y considera que la medida es “totalmente discriminatoria” en función de la situación económica de las personas. Además, se ha informado que la justicia ya ha declarado nulo el decreto en dos casos específicos.
En el ámbito legislativo, la oposición ha presentado solicitudes de informes y proyectos para derogar el programa. El diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa, calificó la propuesta como “inadmisible” y “clasista”, argumentando que busca atraer a multimillonarios que desean eludir las restricciones que enfrentan los extranjeros, como las limitaciones en la compra de tierras.
Desde el Gobierno, se defiende que el programa tiene como objetivo “incentivar las inversiones y la generación de empleo”, asegurando que los fondos recaudados se destinarán a fortalecer la posición fiscal del país. Caputo destacó el interés de los inversores, atribuyéndolo a una “situación geopolítica argentina óptima” en un contexto global conflictivo, y afirmó que los solicitantes pasarán por un proceso de evaluación exhaustivo de su identidad, antecedentes penales y origen de los fondos. Argentina se posicionaría como el primer país sudamericano en implementar un programa de esta naturaleza.
Fuente original: MercoPress Argentina.
