El candidato a senador por “Defendamos Tierra del Fuego” y secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, planteó un programa centrado en tres frentes: exigir un Presupuesto Nacional debatido y aprobado por el Congreso, defender la industria fueguina derogando el Decreto 333 que baja aranceles y resolver la crisis energética con financiamiento específico e ingreso al interconectado. También cuestionó la situación de la salud provincial, el manejo de OSEF, la falta de clases y la avanzada salmonera.
Actualidad03/09/2025
Polo Sur
En conversación con FM Del Pueblo, Díaz confirmó que tomó licencia sin goce de haberes “desde hoy y hasta el 26 de octubre” para dedicarse a la campaña. Defendió la gestión municipal como sostén de su postulación: “En Río Grande el Estado funciona: salud, cultura, deporte, transporte y obra pública. Por eso la motosierra no tuvo eco”. En ese marco, sostuvo que el presupuesto es “la herramienta para transparentar a dónde van los recursos” y adelantó que, si llega al Senado, impulsará “mecanismos de control y sanción” si el Ejecutivo no lo presenta. Entre las obras que pedirá incluir mencionó el nuevo puente sobre el río Grande —“estaba en el último presupuesto aprobado y debe reincorporarse”— y la recuperación integral de la Ruta 3.
El dirigente describió un desequilibrio en salud entre ciudades. Señaló que Río Grande cuenta con “16 dispositivos municipales que complementan al sistema provincial”, pero advirtió que el municipio no puede recuperar prestaciones por la falta de convenio con OSEF: “Más del 40% de quienes se atienden en nuestros centros tienen OSEF y el municipio no percibe un peso”. Sobre educación, habló de la “falta de clases” como problema transversal en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
En materia energética, propuso recrear un fondo nacional finalista “a la manera del Fideicomiso Austral” para infraestructura prioritaria en Ushuaia y Tolhuin, y exigir el ingreso de Tierra del Fuego al Interconectado Eléctrico Nacional. “Nos dijeron que era antieconómico en 2016. Puede ser, pero es lo que necesita el pueblo fueguino; no somos el patio trasero de la Argentina”, afirmó, y ligó la energía con la posibilidad de atraer inversiones: “No vamos a tener industria si no tenemos energía”.
Respecto de la política industrial, definió como “primer proyecto” la derogación del Decreto 333 que reduce aranceles: “Inició un proceso de vaciamiento. En Manaos los aranceles llegan al 50%, en Estados Unidos al 100% o 200% para proteger su producción; nosotros discutimos si del 16% vamos a 0 u 8. Hablar de industria en Tierra del Fuego es hablar de soberanía”. Rechazó además la idea de una provincia inviable: “Tierra del Fuego es rica en hidrocarburos, gas, ganadería, turba y turismo; el cuello de botella es la energía”.
El candidato cuestionó el uso del concepto de “autodeterminación” sobre Malvinas: “No aplica a pueblos implantados. En las islas hay más militares británicos que kelpers; es una operación para custodiar recursos que nos están saqueando”. También criticó el impulso a la salmonicultura y el procedimiento legislativo que derivó en un dictamen controvertido: “Río Grande no es el patio trasero de la provincia. Discutamos todo, pero no así”.
Consultado por el fallo que impidió difundir audios atribuidos a la secretaria presidencial, fue tajante: “La censura previa está prohibida. Si un medio miente, responde; pero primero hay que poder publicar y escuchar”. Y diferenció su compromiso político: “El único compromiso es con los fueguinos. Si un proyecto va en contra de Tierra del Fuego, nuestro voto será en contra. El verdadero freno a la motosierra del Gobierno nacional es una buena gestión de cara al vecino”.
Lo confirma un reciente contrato de la empresa con el gobierno de EEUU. con el propósito de "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias".
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
Mientras el gobierno paga mas de 400 millones en choferes vip, y la provincia lidera los contagios por tos convulsa en el país, los pacientes del Hospital de Río Grande advierten que las esperas por los resultados de las mamografías se extienden hasta por lo menos 75 días, por otro lado los trabajadores señalan fallas en la gestión, además de la existencia de servicios tercerizados y falta de controles en áreas clave del funcionamiento del hospital.
El juez Sebastián Casanello envió citaciones para una nueva ronda de indagatorias. Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, debió renunciar a su cargo en el gobierno luego de que se secuestraron cerca de u$s700.000 en su casa.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Tierra del Fuego registra 142 casos de coqueluche, la franja etaria más afectada es la de niños y niñas de 5 a 9 años, seguida por el grupo de adultos jóvenes de 25 años. En cuanto a la distribución por sexo, los casos se reparten en proporciones similares: 51% corresponde a varones y 49% a mujeres.
La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa su momento más crítico en décadas. A un mes de que entren en vigencia los aranceles 0 para la importación de celulares, medida dispuesta por el gobierno nacional, la actividad fabril se encamina a un parate inminente y la situación laboral de unos 7.000 trabajadores pende de un hilo.
Una investigación de alcance internacional del diario The Guardian puso bajo la lupa los métodos de la industria acuícola del país vecino, reavivando las objeciones al proyecto para instalar granjas en el Mar Argentino. El informe detalla la grave situación laboral y el impacto ambiental del modelo productivo
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