Con un presupuesto récord de 2,23 billones de pesos, el 98,68% de los recursos provinciales se destina a sueldos, servicios y funcionamiento del aparato estatal, en abierto incumplimiento de la Constitución. Apenas el 1,32% se orienta a inversiones productivas o infraestructura, hipotecando el futuro de Tierra del Fuego y condenando a generaciones enteras a la falta de desarrollo.
Actualidad01/09/2025
Polo Sur
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial expone de manera cruda la dependencia absoluta del Estado respecto a sus propios gastos de funcionamiento. De los 2,23 billones de pesos previstos, 2,20 billones corresponden a gastos corrientes, mientras que solo 118 mil millones se destinan a gastos de capital, es decir, inversión en obra pública e infraestructura.
La desproporción es tan evidente que representa un virtual incumplimiento del artículo 73 inciso 5 de la Constitución Provincial, que establece que los gastos de funcionamiento de la administración pública —incluyendo salarios y cargas sociales— no deben superar el 50% de los ingresos ordinarios. Con un 98,68%, la norma no solo es desoída: es directamente ignorada.
Distribución del gasto
Administración gubernamental: $578.800 millones
Servicios de seguridad: $109.212 millones
Servicios sociales (salud, educación y asistencia): $1,42 billones
Servicios económicos: $155.812 millones
Deuda pública: $13.914 millones
La mayor parte de los fondos se concentran en el sostenimiento de la estructura estatal, mientras las áreas que podrían impulsar el desarrollo productivo, la innovación y la infraestructura de largo plazo apenas reciben un porcentaje simbólico.
Una provincia sin horizonte
Economistas y analistas coinciden en que un esquema de este tipo condena a Tierra del Fuego a la parálisis económica, al no destinar recursos significativos a obras que generen empleo genuino ni a políticas de crecimiento sustentable.
El presupuesto, de aprobarse tal como fue presentado, no solo violará la Constitución: será un golpe directo a las expectativas de progreso de miles de fueguinos, que verán cómo el Estado consume casi la totalidad de los recursos en sí mismo, dejando de lado a la producción y al futuro de la provincia.
El debate en la Legislatura promete ser intenso. La pregunta central es clara: frente a un estado ineficiente, que no presenta soluciones concretas en energia, educacion y salud, ¿habrá quienes se animen a defender el interés de los fueguinos por sobre el de un aparato estatal cada vez más voraz e inutil?
Se trata de Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial. El magistrado falló a favor del Gobierno. Deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura
Los últimos datos oficiales del IPIEC y el Ministerio de Producción muestran según el gobierno provincial una sólida recuperación en los puestos de trabajo del sector industrial fueguino. En julio, la industria promovida por el subrégimen local registró un notable crecimiento interanual del 13,80% en los puestos de trabajo.
La empresa ARMAVIR, ubicada en el parque industrial de Río Grande, llevó adelante en agosto una serie de desvinculaciones que alcanzaron tanto a personal contratado como a trabajadores efectivos, en un contexto en el que la producción de la planta continúa activa.
En su balance, la firma mostró una pérdida millonaria por una caída de ingresos del 44 por ciento y un patrimonio neto negativo de 23.744 millones de pesos.
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En recientes declaraciones a la prensa, el candidato a diputado nacional, Guillermo Löffler, anunció que, junto a su equipo ya trabajan en un proyecto de ley para derogar el decreto del Gobierno de Javier Milei que pone en riesgo la industria de la provincia.
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Mientras las autoridades del gobierno provincial siguen en campaña tratando de cumplirle el sueño personal al peor jefe de gabinete de la historia de Tierra del Fuego, que quiere ser diputado nacional por Fuerza Patria, Tolhuin sigue sufriendo cortes de luz que ya perjudican su entramado económico y productivo.
La recesión y la pérdida del poder adquisitivo golpean de lleno al consumo popular: en el último año y medio cerraron 14.000 panaderías, la producción cayó a la mitad y la venta de facturas se desplomó 85%. Al mismo tiempo, la economía registró en julio su segunda contracción más fuerte en 16 meses.
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