El Presupuesto 2026 viola la Constitución: más del 98% se destina a gasto corriente, el futuro de los fueguinos condenado al fracaso

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial expone de manera cruda la dependencia absoluta del Estado respecto a sus propios gastos de funcionamiento. De los 2,23 billones de pesos previstos, 2,20 billones corresponden a gastos corrientes, mientras que solo 118 mil millones se destinan a gastos de capital, es decir, inversión en obra pública e infraestructura.

La desproporción es tan evidente que representa un virtual incumplimiento del artículo 73 inciso 5 de la Constitución Provincial, que establece que los gastos de funcionamiento de la administración pública —incluyendo salarios y cargas sociales— no deben superar el 50% de los ingresos ordinarios. Con un 98,68%, la norma no solo es desoída: es directamente ignorada.

Distribución del gasto
Administración gubernamental: $578.800 millones
Servicios de seguridad: $109.212 millones
Servicios sociales (salud, educación y asistencia): $1,42 billones
Servicios económicos: $155.812 millones
Deuda pública: $13.914 millones
La mayor parte de los fondos se concentran en el sostenimiento de la estructura estatal, mientras las áreas que podrían impulsar el desarrollo productivo, la innovación y la infraestructura de largo plazo apenas reciben un porcentaje simbólico.

Una provincia sin horizonte
Economistas y analistas coinciden en que un esquema de este tipo condena a Tierra del Fuego a la parálisis económica, al no destinar recursos significativos a obras que generen empleo genuino ni a políticas de crecimiento sustentable.

El presupuesto, de aprobarse tal como fue presentado, no solo violará la Constitución: será un golpe directo a las expectativas de progreso de miles de fueguinos, que verán cómo el Estado consume casi la totalidad de los recursos en sí mismo, dejando de lado a la producción y al futuro de la provincia.

El debate en la Legislatura promete ser intenso. La pregunta central es clara: frente a un estado ineficiente, que no presenta soluciones concretas en energia, educacion y salud, ¿habrá quienes se animen a defender el interés de los fueguinos por sobre el de un aparato estatal cada vez más voraz e inutil?