PoloSur
El presidente Javier Milei, el 28 de septiembre, instruyó el inicio del arbitraje previsto en el Anexo VII de la mencionada convención y advirtió que, si no hay respuesta de Londres, solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Edmarverson A. Santos, autor de un análisis jurídico, señala que el plazo fijado por Argentina no está relacionado con la convención y que el inicio del arbitraje requiere una notificación formal al otro Estado, la cual no parece haberse realizado.
La elección del Anexo VII se basa en las decisiones de ambos países. Argentina eligió el tribunal de Hamburgo, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. En casos donde no hay coincidencia, la controversia se remite al arbitraje, aunque el artículo 283 de la convención exige un intercambio de opiniones sobre cómo resolver la disputa, un aspecto que un tribunal deberá considerar.
Si Argentina solicita medidas provisionales, el tribunal de Hamburgo podría dictarlas antes de que se forme el tribunal arbitral, siempre que considere que tiene jurisdicción y que existe urgencia en el caso. Sin embargo, estas medidas no resolverían la cuestión de soberanía ni el fondo del asunto. El principal desafío radica en la jurisdicción, ya que los tribunales de la convención solo pueden pronunciarse sobre su interpretación o aplicación, excluyendo cuestiones de títulos territoriales.
El Reino Unido, por su parte, rechazó el arbitraje el 30 de septiembre, argumentando que la actividad se rige por la legislación del archipiélago de acuerdo al derecho internacional. El proyecto Sea Lion, desarrollado por las empresas Navitas y Rockhopper, tiene como fecha límite para la decisión final de inversión diciembre de 2025.
Fuente original: MercoPress Argentina.
