PoloSur
La denuncia, a la que tuvo acceso Polo Sur Noticias, sostiene que el mandatario catamarqueño debe ser investigado por presuntos delitos relacionados con la administración de fondos públicos. La obra, que estaba a cargo de la empresa MEGA, propiedad del empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez, fue contratada en agosto de 2022 con un presupuesto inicial de $4.560 millones, financiado con recursos nacionales. Sin embargo, la situación se complicó cuando, en 2023, la provincia impuso una multa de $1.963 millones a la constructora por incumplimientos, y en abril de 2024 se resolvió rescindir el contrato.
A pesar de la rescisión, el conflicto se judicializó, pero este año el gobierno de Jalil llegó a un acuerdo conciliatorio con MEGA. Según la denuncia, la empresa desistió de las acciones legales y aceptó pagar solo $301 millones a cambio de que Catamarca renunciara a los reclamos, incluida la multa. Este acuerdo ha generado cuestionamientos, ya que la multa original, actualizada por inflación, debería superar los $6.000 millones.
Los denunciantes argumentan que el acuerdo carece de una evaluación económica adecuada y que la cifra de $301 millones no está debidamente justificada. Además, se señala que el anticipo financiero de $454 millones entregado a MEGA en 2023 debería haber sido considerado en su valor actualizado, lo que eleva la discusión sobre la conveniencia del arreglo. También se cuestiona el uso de los fondos nacionales, ya que el convenio estipulaba que los recursos no utilizados debían ser reintegrados.
La denuncia, presentada por Sofía Nahur Rivera Ortega, también involucra a otros funcionarios, como Nicolás Rosales Matienzo y Alberto Kozicki, y busca que la Justicia federal investigue la posible afectación de los fondos nacionales. Entre las medidas solicitadas se incluyen la preservación de los expedientes y la realización de una pericia contable para determinar el valor actualizado de los montos involucrados.
Fuente original: La Política Online.
