Polo Sur
USHUAIA.– Federico Sciurano y Raúl Von der Thusen deberán explicar cómo compatibilizan sus declaraciones contra el aumento de impuestos con una decisión que facilita el avance de un proyecto que incorpora nuevas cargas tributarias. Este jueves 1° de octubre, ambos integraron la mayoría que impidió retirar el trámite de urgencia al proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Gobierno de Gustavo Melella.
La votación terminó con siete legisladores a favor de eliminar la urgencia y ocho en contra. Así, el Asunto 519/26 conservó un procedimiento que le permite al Ejecutivo obtener la aprobación de su propuesta si no existe un rechazo expreso dentro del plazo establecido.
No se aprobaron los impuestos este jueves. Pero sí se mantuvo abierta una vía que puede permitir su aprobación solo por el transcurso del tiempo en los próximos días. Allí radica el cuestionamiento político y la falta total de coherencia de quienes dicen rechazar las nuevas cargas tributarias y, al mismo tiempo, sostienen el mecanismo que facilita su avance, incluso sin debate legislativo.
El rechazo declarado y el efecto del voto
Sciurano había sido categórico: “No estoy de acuerdo ni lo voy a estar en crear nuevos impuestos”. También había objetado específicamente los gravámenes previstos sobre la distribución de gas y las actividades del Banco de Tierra del Fuego, aunque manifestó su apoyo a la creación de un fondo educativo.
Su posición distingue el objetivo del fondo de los instrumentos para financiarlo. Sin embargo, esa distinción no resuelve la pregunta central: si cuestiona esas fuentes tributarias, ¿por qué contribuir a mantener un procedimiento que permite aprobarlas sin una votación afirmativa sobre el texto y sin debate legislativo?
Von der Thusen también había expresado reparos al incremento de la presión fiscal. En mayo, durante el debate sobre financiamiento educativo y sanitario, sostuvo: “No creo que haya que sumarle impuestos al privado, porque no da más”.
Este jueves, su voto contribuyó a conservar la urgencia de una iniciativa que precisamente incorpora obligaciones tributarias. El contraste merece una explicación pública que vaya más allá de afirmar que todavía no se votó el contenido.
Qué implica mantener la urgencia
El artículo 111 de la Constitución provincial establece un plazo de treinta días hábiles desde la recepción del proyecto con urgencia, o desde la recepción de esa solicitud cuando se presenta posteriormente. Si la iniciativa no es expresamente desechada dentro de ese período, se aprueba automáticamente, y esa es la puerta que abrieron Sciurano y Von der Thusen. La Legislatura puede retirar ese trámite —salvo para el presupuesto— y continuar por el procedimiento ordinario, pero tanto Sciurano como Von der Thusen durante la jornada de ayer se negaron a retirar la urgencia.
Pedir informes, convocar reuniones o expresar desacuerdos no equivale a rechazar el proyecto. Esa es la consecuencia que vuelve especialmente relevante la decisión adoptada.
Una reforma de esta magnitud exige estimaciones de recaudación, informes sobre sus efectos económicos y explicaciones sobre la administración y el control de los recursos. Mantener la urgencia obliga a realizar ese trabajo bajo un plazo cuyo vencimiento favorece la aprobación y justamente el incremento de las cargas tributarias.
Las cargas y los recursos en discusión
Según el esquema informado, el proyecto contempla un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego y una alícuota del 3,4% para la distribución de gas natural.
También prevé destinar al fondo el 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos, incorporar recursos derivados de modificaciones en las alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario y afectar hasta un 10% del remanente distribuible de utilidades de empresas provinciales. Se suman recursos vinculados con el Hidrógeno Verde y la Economía del Conocimiento.
Precisar quién pagará, cuánto se recaudará y qué efectos tendrá cada medida es parte del análisis que la Legislatura debe exigir.
El fondo destinaría al menos el 50% al fortalecimiento salarial docente, un mínimo del 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura y otro 15% a equipamiento y herramientas didácticas. La meta de inversión educativa del 7,8% del PBG (Productos Bruto Geográfico), que además no detalla como se calculará. Todo esto en cinco ejercicios queda condicionada a la evolución económica y a los recursos disponibles.
Los tiempos legislativos detrás de la decisión:
Los tiempos legislativos son una garantía de análisis, control y transparencia: hasta el legislador más novato comprende que un proyecto de esta envergadura, con consecuencias tributarias y presupuestarias, exige estudiar sus alcances, contrastar información y escuchar a los sectores involucrados. Si, como se señala, los pedidos de informes al Ejecutivo llegan a demorar hasta cuatro meses y las convocatorias a comisión no siempre cuentan con la presencia de los funcionarios —entre ellos, el propio jefe de Gabinete, Jorge Canals—, mantener un procedimiento que permite tener por aprobada la iniciativa al vencer el plazo adquiere una gravedad política evidente. Resulta difícil atribuir a la inexperiencia de Sciurano y Von der Thusen una decisión que reduce el margen para ejercer ese control. Su trayectoria permite exigirles una explicación concreta: cómo piensan garantizar un tratamiento riguroso dentro del plazo de urgencia, cuando obtener las respuestas necesarias puede demandar mucho más tiempo. Haber sostenido ese mecanismo también implica asumir responsabilidad por sus consecuencias.
Los nombres detrás de la decisión
Votaron por retirar la urgencia: Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula.
Votaron contra su eliminación favoreciendo la herramienta de incremento de impuestos: Federico Sciurano, Federico Greve, Myriam Martínez, María Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino, Tomás García, Raúl Von der Thusen y Gisela Dos Santos.
Financiar la educación requiere decisiones y recursos. También exige que los legisladores expliquen por qué consideran adecuado conservar un mecanismo de aprobación por vencimiento del plazo para una propuesta con consecuencias tributarias.
Sciurano y Von der Thusen todavía pueden rechazar los gravámenes que cuestionan. Pero su voto del jueves ya tuvo un efecto concreto: ayudó a mantener abierta la puerta para que avancen. La coherencia de su oposición se medirá en las decisiones que adopten antes de que venza el plazo.
