Polo Sur
Una acusación de gravedad institucional contra el legítimo reclamo de los trabajadores exige fundamentos que permitan comprobarla. Ese es el principal punto débil de la solicitada difundida por abogados de Río Grande en respaldo a Renán Uribe: describe una Justicia atravesada por una “parálisis grave e insostenible”, pero esa acusación no presenta expedientes, fechas, estadísticas ni situaciones documentadas que sostengan el alcance de una afirmación de tamaña gravedad.
El pronunciamiento rechaza ataques personales contra el presidente del Colegio Público de Abogados y ratifica el rumbo de una gestión con pocas luces. Sin embargo, el respaldo a un dirigente y la acreditación del funcionamiento deficiente de un servicio público son cuestiones diferentes. Una nómina de adhesiones expresa una posición colectiva; no reemplaza la información necesaria para verificar lo denunciado.
La ausencia de esos elementos impide establecer, a partir del documento, su magnitud, sus causas y las consecuencias concretas sobre quienes necesitan una respuesta judicial.
El antecedente que no puede quedar afuera
La solicitada difundida el domingo 27 de septiembre estuvo precedida por un cuestionamiento público de UEJN y SEJUP. El viernes 25, ambos gremios habían manifestado preocupación por propuestas expresadas públicamente por Uribe para evaluar descuentos de presentismo o de días de paro.
Según la posición sindical publicada entonces, ese planteo trasladaba las consecuencias económicas del conflicto a los trabajadores que reclaman una recomposición salarial.
Los gremios reconocieron el derecho del Colegio a cuestionar el impacto de las medidas de fuerza. Su objeción se concentró en las respuestas económicas que atribuyeron a su presidente y en las condiciones salariales que originaron la protesta.
Por eso, presentar la controversia únicamente como una defensa frente a ataques personales deja sin responder su contenido laboral e institucional. Corresponde esclarecer qué propuso Uribe, con qué fundamentos y cómo esa posición contribuiría a resolver el conflicto.
Las urgencias requieren precisiones
Uno de los pasajes más sensibles de la solicitada sostiene que los conflictos afectan cuestiones urgentes de los fueros de familia, civil y comercial, penal y laboral. Pese a la gravedad del señalamiento, el texto no identifica pedidos que hayan quedado sin atención ni explica qué respuesta se solicitó y no se obtuvo.
Los sindicatos, por su parte, habían afirmado que durante las medidas de fuerza se mantienen guardias mínimas para atender situaciones impostergables.
Si hubo urgencias desatendidas, es necesario documentarlas, preservando los datos sensibles de las personas involucradas. Invocar derechos afectados sin describir situaciones verificables limita la posibilidad de conocer el problema y exigir una solución.
El acceso digital también forma parte del servicio
El propio Colegio había informado que, desde el 11 de julio de 2025, SAE Kayen permite presentar escritos de manera remota en todos los fueros, de lunes a viernes entre las 00 y las 23.
En su respuesta a Uribe, UEJN y SEJUP recordaron que acompañaron esa ampliación horaria y la presentaron como un antecedente de colaboración con los profesionales.
La amplia disponibilidad del sistema Kayen obliga a precisar el reclamo por tribunales “abiertos y operativos”.
¿Se denuncian dificultades para ingresar escritos, demoras en su despacho, suspensión de audiencias o falta de respuesta ante emergencias? La solicitada no diferencia esas situaciones ni explica si el acceso digital sufrió interrupciones durante el conflicto.
Sin esa distinción, la expresión “parálisis grave e insostenible” termina por ser insuficientemente desarrollada.
Reconocer el reclamo salarial exige discutir sus causas
Los firmantes aclaran que no cuestionan la legitimidad de las demandas salariales. También convocan al Superior Tribunal de Justicia y a las entidades gremiales a resolver sus diferencias en paritarias.
Ese reconocimiento debería acompañarse de un examen de las condiciones que sostienen el conflicto y de las respuestas ofrecidas por las autoridades. Los sindicatos aseguraron que durante septiembre suspendieron y postergaron medidas para facilitar una negociación, sin obtener la recomposición esperada.
El funcionamiento judicial involucra responsabilidades de conducción, organización y negociación. Concentrar el debate en las consecuencias de la protesta, sin profundizar sobre esos factores, ofrece una explicación incompleta.
Honorarios profesionales en la lupa
La defensa de los honorarios como remuneración del trabajo profesional no responde al cuestionamiento concreto de los gremios: por qué la actualización del IUS habría superado la recomposición salarial de quienes también sostienen el servicio judicial. Si esa diferencia señalada por UEJN y SEJUP se confirma, resulta cuestionable defender la preservación de los ingresos propios mientras Uribe sugiere descuentos para quienes reclaman mejorar sus salarios.
La falta de aguinaldo, estabilidad o licencias pagas explica las particularidades del ejercicio independiente que los profesionales eligieron desempeñar, pero no justifica bajo ningún concepto desestimar las necesidades de los trabajadores judiciales. La respuesta exige transparentar porcentajes y períodos de actualización, y contestar la comparación planteada.
El respaldo institucional no sustituye la evidencia
Los profesionales tienen derecho a defender a Uribe, reclamar celeridad y expresar preocupación por sus ingresos y por los derechos de sus representados. Los trabajadores también pueden responder a esos planteos y explicar los motivos de su protesta.
Lo que debe exigirse a quienes intervienen públicamente es precisión. Una demora no equivale necesariamente a una paralización general, del mismo modo que una guardia operativa no garantiza la normalidad de todo el servicio.
En la solicitada difundida, las acusaciones son explícitas; los elementos para comprobar su alcance, no. Aportarlos permitiría pasar de la confrontación pública a una discusión sobre problemas identificables y responsabilidades concretas. Mientras eso no ocurra, la denuncia de una “parálisis grave e insostenible” seguirá siendo la valoración de sus firmantes, no un diagnóstico demostrado por el documento.
