Polo Sur
Un reciente informe presentado al Congreso de Paraguay reveló un dato importante sobre la industria de minería de Bitcoin en el país: la actividad genera menos de 400 empleos directos.
De acuerdo con el Instituto de Previsión Social (IPS), solo 383 trabajadores están formalmente empleados en la industria, que está compuesta por más de 60 empresas. De estas, 40 empresas no registran ningún trabajador directamente asociado a sus operaciones. Esto plantea serias dudas sobre la legalidad y las prácticas laborales en el sector.
Además, el informe “desmiente” el mito de que la industria de minería de Bitcoin es una gran generadora de empleos. El informe, que fue presentado a la Cámara de Senadores, subraya la ínfima contribución de la minería de Bitcoin al mercado laboral paraguayo.
Según el documento, el 66% de las empresas de minería de Bitcoin en Paraguay no emplean a ningún trabajador formalmente. Estas empresas, que tienen contratos con la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE), podrían estar operando de manera ilegal en lo que respecta a la seguridad social, o subcontratando completamente sus operaciones, evitando la contratación directa de empleados.
Minería de Bitcoin en Paraguay
El informe también destaca la baja proporción de empleos generados en relación con el consumo de energía de estas empresas. La relación promedio es de solo 1.58 empleos por megavatio (MW) contratado. Esta cifra evidencia el carácter intensivo en capital y bajo en mano de obra de la industria de minería de criptomonedas en el país.
Otro punto preocupante es que casi el 50% de las empresas de minería de Bitcoin contribuyen con menos del 1% de sus facturas de energía al sistema de seguridad social. Este dato es un ejemplo de cómo las grandes empresas transnacionales de minería son perjudiciales para el sector energético de Paraguay, especialmente considerando que estas empresas se benefician de precios subsidiados por la energía hidroeléctrica del país.
El documento también sugiere la posibilidad de aumentar las contribuciones de las empresas de minería de Bitcoin a la seguridad social. Medidas más rigurosas podrían aplicarse a los grandes consumidores de energía, mientras que una aproximación menos severa se aplicaría a los pequeños mineros.
El tema de la minería de criptomonedas en Paraguay no es nuevo. En 2022, el expresidente Mario Abdo vetó un proyecto de ley que buscaba legalizar la minería de criptomonedas en el país. En ese momento, argumentó que la industria tiene un “alto consumo de energía, uso intensivo de capital y bajo uso de mano de obra”.
El informe recientemente presentado al Congreso parece confirmar las preocupaciones planteadas por Abdo, al demostrar que la minería de Bitcoin, a pesar de su elevado consumo de recursos, contribuye muy poco a la generación de empleos y al desarrollo económico del país.
La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa su momento más crítico en décadas. A un mes de que entren en vigencia los aranceles 0 para la importación de celulares, medida dispuesta por el gobierno nacional, la actividad fabril se encamina a un parate inminente y la situación laboral de unos 7.000 trabajadores pende de un hilo.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
El juez Sebastián Casanello envió citaciones para una nueva ronda de indagatorias. Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, debió renunciar a su cargo en el gobierno luego de que se secuestraron cerca de u$s700.000 en su casa.
Mientras el gobierno paga mas de 400 millones en choferes vip, y la provincia lidera los contagios por tos convulsa en el país, los pacientes del Hospital de Río Grande advierten que las esperas por los resultados de las mamografías se extienden hasta por lo menos 75 días, por otro lado los trabajadores señalan fallas en la gestión, además de la existencia de servicios tercerizados y falta de controles en áreas clave del funcionamiento del hospital.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
Lo confirma un reciente contrato de la empresa con el gobierno de EEUU. con el propósito de "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias".