PoloSur
La investigación en curso, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se centra en las inconsistencias patrimoniales de Tapia, quien ha sido funcionario público desde 2016, cuando se incorporó a CEAMSE, una entidad estatal encargada de la gestión de residuos. A diferencia de otros casos, Tapia no está siendo investigado por su rol en el ámbito futbolístico, sino por su desempeño en el sector público.
Entre las primeras medidas adoptadas, se solicitó el levantamiento de los secretos fiscales, bancarios y de lavado de activos que protegen la información sobre Tapia. Esto permitirá a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) proporcionar datos sobre su situación financiera y patrimonial.
La fiscalía ha solicitado información detallada sobre los ingresos y gastos de Tapia desde 2016 hasta la fecha, incluyendo declaraciones juradas patrimoniales y datos sobre cuentas bancarias, inversiones y transferencias. Además, se busca acceder a su legajo personal y a las resoluciones que respaldan sus designaciones en CEAMSE.
La investigación se centra en determinar la relación entre los ingresos declarados y el patrimonio de Tapia, así como en identificar posibles irregularidades en sus operaciones financieras. La fiscalía espera que estas medidas permitan esclarecer la situación patrimonial del dirigente y su vinculación con posibles delitos fiscales.
Fuente original: Infobae Judiciales.
