Polo Sur
RÍO GRANDE.- El intendente de Río Grande, Martín Perez, volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei por su política hacia Tierra del Fuego y las Islas Malvinas y planteó que la defensa de la soberanía argentina no puede separarse del sostenimiento del empleo, la industria, la infraestructura estratégica y el arraigo poblacional en el extremo austral.
A través de sus redes sociales, Perez sostuvo que el reciente posicionamiento del Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas responde a una estrategia electoral y afirmó que, una vez terminado el ciclo de elecciones de 2027, Milei retomará las posiciones que —según el intendente— caracterizaron hasta ahora su política exterior.
“A un año de las elecciones, y después de que su burla a la Selección Nacional en el partido ante los ingleses impactara negativamente en su imagen y en la de su gobierno, el Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027”, afirmó Perez.
Y profundizó: “Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor”.
El intendente recordó especialmente las expresiones públicas de admiración de Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las Fuerzas Armadas y los activos estratégicos del Estado.
Perez describió al Presidente como alguien que “se desespera por una visita al Reino Unido” y “admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher”.
También cuestionó las condiciones salariales de los integrantes de las Fuerzas Armadas y denunció el desprendimiento de terrenos estratégicos pertenecientes al sistema de Defensa.
El planteo busca instalar una contradicción: para Perez, no resulta posible sostener un discurso de defensa de la soberanía mientras simultáneamente se debilitan las capacidades materiales necesarias para ejercerla.
Otro de los puntos centrales de la publicación estuvo dirigido al avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas circundantes a las Islas Malvinas cuya soberanía disputa la Argentina.
“Durante su Gobierno, Sea Lion tomó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y avanzó a la etapa de desarrollo”, sostuvo el intendente.
Perez recordó además los antecedentes de las compañías involucradas y señaló que Navitas había sido declarada ilegal e inhabilitada por 20 años en 2022 por las autoridades argentinas por su participación en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización, mientras que Rockhopper había recibido sanciones anteriormente.
La preocupación expresada por el jefe comunal apunta así a un elemento concreto: mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre Malvinas, el desarrollo de proyectos de explotación de hidrocarburos constituye uno de los principales frentes económicos vinculados a la disputa.
Perez también introdujo en la discusión la situación de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra considerada estratégica por su ubicación y por el papel que podría desempeñar en la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
“La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó en 2022 y durante esta gestión quedó paralizada”, cuestionó.
De esta manera, el intendente contrapuso el avance de proyectos económicos británicos en el área de Malvinas con las dificultades para desarrollar infraestructura estratégica argentina en Tierra del Fuego.
Pero Perez fue más allá de la discusión diplomática y militar.
Para el intendente, la pérdida de capacidad industrial de Tierra del Fuego también constituye un problema estratégico para la Argentina.
Según las cifras difundidas en su publicación, en 2023 Tierra del Fuego tenía 11.282 trabajadores industriales, mientras que en 2026 quedarían 6.680.
La diferencia representa 4.602 puestos de trabajo menos, equivalente a una contracción del 40,8%.
Detrás de esos números, Perez colocó especialmente la situación de Río Grande, ciudad donde se concentra gran parte de la actividad industrial fueguina.
“En Río Grande, cada puesto de trabajo que se pierde afecta familias, proyectos de vida y arraigo”, afirmó.
El intendente también responsabilizó a las decisiones económicas del Gobierno nacional por el deterioro del entramado productivo.
Entre ellas mencionó el arancel cero para la importación de teléfonos celulares y la reducción a cero de los aportes obligatorios destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
Para Perez, estas decisiones producen un doble efecto: por un lado deterioran las condiciones de la producción industrial existente y, por otro, debilitan una de las herramientas creadas precisamente para financiar la diversificación productiva de Tierra del Fuego.
El planteo adquiere especial relevancia en un escenario en el que la provincia enfrenta una discusión cada vez más profunda sobre cómo generar nuevas actividades económicas capaces de complementar el régimen industrial.
El concepto más político de la publicación aparece sobre el final.
Perez vinculó directamente producción, población y soberanía.
“Tierra del Fuego necesita industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente”, sostuvo.
Y cerró con una definición:
“El arraigo también forma parte de la soberanía”.
La frase sintetiza el eje del cuestionamiento del intendente de Río Grande: la soberanía sobre el Atlántico Sur no debería limitarse a declaraciones diplomáticas o reivindicaciones territoriales.
Desde su perspectiva, requiere capacidad económica, infraestructura, Fuerzas Armadas, desarrollo científico, producción y comunidades capaces de permanecer y desarrollarse en el territorio más austral del país.
En una Tierra del Fuego golpeada por la pérdida de puestos industriales y donde el futuro del régimen productivo vuelve a ocupar el centro del debate, Perez plantea así una discusión que trasciende la coyuntura económica:
¿puede la Argentina fortalecer su reclamo de soberanía en el Atlántico Sur mientras se debilitan el empleo, la industria, la infraestructura y el arraigo poblacional en Tierra del Fuego?
