PoloSur
Chequeado ha llevado su demanda a la Corte Suprema tras enfrentar dos fallos desfavorables en instancias anteriores, buscando así acceder a información crucial sobre los gastos publicitarios de YPF. Este reclamo es fundamental, ya que pone de relieve la contradicción que surge cuando empresas con mayoría estatal utilizan argumentos legales para eludir el escrutinio ciudadano. La información requerida no solo se refiere a cifras, sino a decisiones que afectan el ecosistema mediático, desde plataformas digitales hasta agencias de publicidad.
La relevancia de este pedido se intensifica en el contexto actual, donde la eliminación de la pauta oficial por parte del Gobierno de Javier Milei ha dejado a YPF como un actor clave en el ámbito publicitario argentino. Según datos de Chequeado, durante el primer trimestre de 2025, la inversión publicitaria de la compañía alcanzó niveles récord desde su reestatización en 2012, manteniéndose en cifras elevadas a lo largo del año anterior. Sin embargo, YPF se niega a proporcionar información detallada sobre estos gastos, alegando que su condición de sociedad anónima abierta le exime de dicha obligación.
A pesar de la negativa de YPF, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) desestimó los argumentos de la empresa, reiterando que, al contar con participación estatal mayoritaria, YPF está sujeta a la Ley de Acceso a la Información Pública. La empresa, sin embargo, ha mantenido su postura, argumentando que la divulgación de esta información podría perjudicar los intereses de los inversores. Esta situación ha sido avalada por los tribunales en primera y segunda instancia, que han señalado que existe una instancia administrativa pendiente, debido a la solicitud de YPF para revisar la resolución de la AAIP.
La demanda presentada por Chequeado, respaldada por la ONG Poder Ciudadano, no solo busca aclarar el destino de los recursos publicitarios, sino también reafirmar el principio democrático de que la información pública pertenece a la ciudadanía. Este caso es un llamado a la reflexión sobre la rendición de cuentas de las empresas estatales y la necesidad de garantizar un control democrático efectivo sobre el uso de los recursos que pertenecen a todos. La Corte Suprema tiene la oportunidad de sentar un precedente y asegurar que la transparencia no sea una opción, sino un imperativo en la gestión pública.
