Polo Sur
TIERRA DEL FUEGO.- La presencia del petrolero VS PROMISE, IMO N.º 9351438, abrió un nuevo capítulo político e institucional en Tierra del Fuego. El legislador provincial Juan Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, presentó dos proyectos de resolución que buscan reconstruir documentalmente el recorrido, las autorizaciones y las empresas involucradas en la operatoria del buque tanto en la monoboya de Río Cullen como posteriormente en el Puerto de Ushuaia.
Los asuntos legislativos 451/26 y 452/26, ingresados el 25 de agosto, apuntan a dos niveles distintos de responsabilidad estatal.
El primero reclama explicaciones al interventor administrativo del Puerto de Ushuaia, actualmente dependiente de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El segundo dirige el pedido al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Energía, para establecer qué ocurrió previamente en Río Cullen.
De esta manera, Lapadula intenta reconstruir la trazabilidad completa de una operación que involucra no solamente al puerto intervenido por Nación, sino también a los recursos hidrocarburíferos y a las competencias provinciales.
El proyecto 451/26 reclama que el interventor administrativo del Puerto de Ushuaia responda en un plazo de 10 días sobre las circunstancias del ingreso, autorización de amarre, permanencia y operaciones realizadas por el VS PROMISE.
El pedido busca conocer la fecha y hora de la autorización, identificar al funcionario o dependencia que permitió el ingreso y obtener copia de las resoluciones, disposiciones, órdenes de servicio, solicitudes de atraque o cualquier instrumento administrativo que haya sustentado la decisión.
Pero las preguntas avanzan considerablemente más allá del simple amarre.
Lapadula quiere determinar por qué recaló el petrolero en Ushuaia, qué operación realizó y qué transportaba.
El proyecto solicita específicamente establecer si durante su permanencia efectuó operaciones de carga, descarga, trasbordo, abastecimiento de combustible, provisiones, mantenimiento, reparaciones o cambio de tripulación.
También reclama conocer el origen, volumen, características y destino final de la carga, además del puerto de procedencia y el destino posterior del buque.
Uno de los puntos potencialmente más relevantes del pedido consiste en identificar toda la cadena empresarial involucrada.
El proyecto exige informar:
Además, reclama la documentación mediante la cual cada compañía acreditó su representación.
La intención parece clara: no limitar la investigación al buque, sino determinar quién estuvo detrás de la operación comercial.
El proyecto también incorpora explícitamente la cuestión del registro internacional del VS PROMISE.
Lapadula pide que se informe bajo qué bandera y registro se encontraba al momento de ingresar a Ushuaia y si las autoridades conocían que registros marítimos internacionales identifican al IMO 9351438 como un buque tanque registrado en Isla de Man, territorio dependiente de la Corona británica.
Y plantea cuatro preguntas concretas: si esa circunstancia fue evaluada antes del ingreso, qué autoridad realizó la evaluación, si existió algún informe jurídico, político, técnico o administrativo y si fueron consultados organismos nacionales competentes en soberanía y política exterior.
El propio fundamento legislativo, sin embargo, introduce una precisión jurídicamente importante: señala que la situación debe investigarse “sin prejuzgar sobre la legalidad de la operación”.
Es decir, el proyecto no afirma que la nacionalidad o registro del buque demuestre por sí mismo la comisión de una ilegalidad; exige determinar qué controles se hicieron y qué normativa se aplicó.
La investigación legislativa adquiere mayor profundidad cuando incorpora la Ley Nacional 26.659, vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El proyecto cita particularmente los artículos 5° y 6° y solicita verificar si el propietario, armador, operador, agente marítimo o las empresas contratantes del VS PROMISE desarrollan o desarrollaron actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
También pretende establecer si alguna de esas personas físicas o jurídicas se encuentra —o debería encontrarse— dentro de la nómina pública contemplada por la legislación nacional.
Este punto introduce una diferencia fundamental: la investigación ya no se concentra exclusivamente en la bandera del buque, sino en las relaciones societarias, contractuales y comerciales de quienes participaron de la operación.
El asunto 452/26 abre otra línea de investigación y dirige las preguntas directamente al Gobierno provincial.
Según los fundamentos del proyecto, información pública indicaría que el VS PROMISE habría operado en la monoboya de Río Cullen hasta el 13 de agosto, para posteriormente dirigirse hacia Ushuaia, donde amarró el 24 de agosto.
Por eso se solicita al Ministerio de Energía que confirme oficialmente si el petrolero recaló y realizó operaciones allí durante 2026 y, en caso afirmativo, detalle cuándo comenzaron y terminaron.
Las preguntas son particularmente sensibles porque Río Cullen está directamente relacionada con la explotación hidrocarburífera fueguina.
El proyecto describe a la monoboya como la principal terminal utilizada para exportar producción proveniente de los yacimientos de la Cuenca Marina Austral, mencionando Vega Pléyade, Aries, Carina e Hydra.
Lapadula reclama que el Ejecutivo determine qué operación realizó concretamente el VS PROMISE en Río Cullen.
En caso de confirmarse la operatoria, deberá informar si cargó, descargó o trasbordó hidrocarburos; quién autorizó la maniobra; qué funcionario firmó la autorización; para qué empresa o consorcio trabajaba y quién contrató sus servicios.
Pero aparece además una pregunta central:
¿Qué volumen y qué tipo de hidrocarburo fue cargado, de qué yacimiento provenía y cuál era su destino?
La Legislatura también pretende acceder a los contratos de fletamento o transporte, autorizaciones, expedientes administrativos, informes técnicos y comunicaciones vinculadas con la operación.
El aspecto empresarial más sensible del segundo proyecto está relacionado con Harbour Energy PLC.
Los fundamentos sostienen que la monoboya es operada por Total Austral y vinculan los yacimientos de la Cuenca Marina Austral con el consorcio conformado por TotalEnergies, Pan American Energy y Wintershall Dea Argentina. Asimismo, señalan que los activos globales de Wintershall Dea fueron adquiridos por la británica Harbour Energy durante septiembre de 2024.
A partir de allí, el proyecto recoge antecedentes y denuncias públicas sobre una eventual continuidad entre Harbour Energy y Premier Oil, empresa vinculada con operaciones hidrocarburíferas en el proyecto Sea Lion en Malvinas.
Es importante distinguir aquí lo que el documento afirma de aquello que solicita investigar: el proyecto no presenta como acreditada una infracción actual de Harbour Energy en Tierra del Fuego, sino que exige al Estado verificar las vinculaciones societarias y determinar si corresponde aplicar las previsiones de la Ley 26.659.
Precisamente por eso solicita al Ministerio de Energía que informe si verificó la relación entre Harbour Energy y/o Wintershall Dea Argentina con el consorcio que opera los yacimientos que abastecen Río Cullen y si esa situación fue comunicada a la Secretaría de Energía de la Nación.
El pedido de informes incorpora otro asunto que podría adquirir relevancia política independiente del caso del petrolero.
Lapadula solicita conocer qué participación tuvo el Ministerio de Energía provincial en un decreto del 30 de junio de 2025, aprobado el 8 de julio de ese año, mediante el cual —según expresa el documento— se habría ampliado y/o prorrogado la concesión del Área Marina Austral 1.
Y reclama determinar específicamente si ese acto contó previamente con intervención del Tribunal de Cuentas y del Fiscal de Estado.
De esta manera, la discusión deja de circunscribirse al VS PROMISE y comienza a alcanzar las condiciones bajo las cuales se administra una de las áreas hidrocarburíferas estratégicas de Tierra del Fuego.
Los dos proyectos dibujan una división de responsabilidades particularmente significativa.
Desde que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención nacional, el pedido relacionado con el ingreso y amarre del petrolero no está dirigido a la Dirección Provincial de Puertos, sino al interventor administrativo dependiente de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
En cambio, las explicaciones por la eventual operatoria hidrocarburífera previa en Río Cullen son reclamadas al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Energía.
Incluso el proyecto sobre Ushuaia pregunta si existieron comunicaciones o autorizaciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Prefectura Naval Argentina, Aduana/ARCA, Cancillería, Ministerio de Defensa y autoridades ambientales nacionales o provinciales.
Los documentos muestran que la controversia política ya no gira únicamente alrededor de la imagen de un petrolero vinculado registralmente con una jurisdicción británica amarrado en Ushuaia.
Las preguntas que ingresaron formalmente a la Legislatura son considerablemente más profundas:
quién autorizó al buque, qué petróleo cargó, quién lo contrató, qué empresas participaron, qué controles realizó el Estado, si se analizaron antecedentes relacionados con Malvinas y si existen incompatibilidades bajo la Ley Nacional 26.659.
Además, el proyecto referido al Puerto de Ushuaia pregunta directamente si existe un protocolo específico para el ingreso y permanencia de buques vinculados registralmente con el Reino Unido, sus dependencias o territorios de ultramar y, si no existe, qué normativa se utilizó para autorizar este caso.
Ahora las respuestas deberán surgir de la documentación oficial.
Porque los dos pedidos de informes plantean, en definitiva, una misma cuestión: qué nivel de control efectivo ejercieron el Estado nacional y el Gobierno de Tierra del Fuego sobre la utilización de infraestructura estratégica y sobre la explotación y transporte de recursos hidrocarburíferos en una provincia atravesada por la disputa de soberanía del Atlántico Sur.
