A pesar de no ostentar expertise en el rubro, Javier Iguacel fundó una empresa dedicada a la explotación de petróleo con un capital inicial de u$s6.000 y se quedó con un negocio de u$s100 millones anuales.
Actualidad29/06/2025
Polo Sur
Javier Iguacel, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que inició la causa por la que la expresidenta Cristina Kirchner está presa, se quedó con cuatro áreas claves de YPF, un negocio de u$s100 millones por año, a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia en el sector petrolero.
Iguacel se desempeñó como titular de Vialidad Nacional desde el 10 de diciembre de 2015, día en que asumió Macri, hasta el 16 de junio de 2018, cuando fue nombrado ministro de Energía, en reemplazo de Juan José Aranguren, cargo en el que estuvo hasta el 7 de enero de 2019. Luego, fue electo intendente de Capitán Sarmiento (2019-2023).
La maniobra comenzó el 7 de abril de 2024, cuando el Banco Santander licitó la venta de 55 áreas convencionales de YPF en varias provincias, dentro del denominado Plan Andes. Casi tres meses más tarde, el 28 de junio, se constituyó la firma Bentia Energy S.A., presidida por Iguacel, y en cuyo directorio figura Lucas Logaldo, quien había sido jefe de Gabinete en Energía durante el gobierno de Macri.
El 5 de agosto se le adjudicaron los clusters Vaca Muerta Norte y Sur en Neuquén. Una conquista demasiado veloz tratándose de una empresa recién creada, y por demás jugosa, si se tiene en cuenta que el capital inicial fue u$s6.250 para un negocio de u$s100 millones anuales.
"Estamos ante el caso de un exfuncionario público devenido en empresario que, sin ser brillante, consigue quedarse con áreas importantes asignadas por YPF", señaló el periodista Ariel Zak en Minuto Uno.
Iguacel, el artífice de la denuncia de la causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Kirchner, cerró un negocio redondo.
En Río Grande, vecinos estallan contra el Hospital: sin turnos, sin especialistas y sin respuestas, las autoridades intentan culpar a los pacientes por el colapso del sistema de salud público, mientras tanto la ministra de salud de paseo por buenos aires difundiendo que el sistema de salud fueguino es una maravilla.
con el voto de Sandra Pagnussat jefa de aduana de Río Grande, la Comisión del Área Aduanera Especial logró votar en contra de la textil Australtex, impidiéndole obtener la acreditación de origen necesaria para exportar. Desde SETIA advierten sobre el riesgo para la continuidad laboral y denuncian una postura sistemática contra la industria local.
Las esposas de policías retirados y pensionados denuncian que la Caja de Previsión Provincial adeuda haberes de julio, agosto y septiembre, además del SAC, y reclaman transparencia sobre el manejo de los fondos.
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El candidato a senador de Defendamos Tierra del Fuego cuestionó duramente la falta de políticas para proteger el empleo de los vecinos, la industria y el turismo en la provincia. Además, defendió la necesidad de reactivar el FAMP y subrayó que el Senado es clave para traer programas y recursos que fortalezcan la matriz productiva.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) abrió una licitación pública que prevé un presupuesto oficial multimillonario destinado al servicio de vigilancia y seguridad para sus dependencias por dos años, con chance de extenderlo por un año más.
En una votación que generó fuerte polémica, la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) resolvió por mayoría rechazar la acreditación de origen solicitada por la textil fueguina Australtex, medida que deja a la empresa sin la posibilidad de exportar su producción y que compromete seriamente la continuidad de la planta en Río Grande.
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La controversia por la adquisición de indumentaria de brigadistas sacude los cimientos del Poder Ejecutivo. Una investigación revela que los equipos forestales fueron comprados a cifras siderales, muy por encima de los valores de mercado, y las pruebas señalan directamente a la Jefatura de Compras y a la pareja de su titular como presuntos beneficiarios de las licitaciones armadas.
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