Polo Sur
Hay un momento en toda gestión pública en el que las explicaciones dejan de alcanzar. Cuando las irregularidades, denuncias y episodios críticos comienzan a acumularse, la pregunta deja de ser qué ocurrió en cada caso particular y pasa a ser mucho más incómoda: ¿Quién está conduciendo el sistema y quién asume la responsabilidad por sus resultados?
Eso es precisamente lo que debería comenzar a discutirse seriamente respecto del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.
Según los antecedentes, Ariel Ciares, permanece al frente de la institución mientras enfrenta denuncias e investigaciones vinculadas, entre otros señalamientos, con presunto abuso de autoridad, persecución laboral, violencia institucional y una querella por presuntas injurias.
Corresponde realizar una distinción indispensable: una denuncia o investigación no equivale a una condena y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.
Pero la responsabilidad política, administrativa y funcional se analiza en otro terreno.
Un Gobierno no necesita esperar una sentencia penal firme para preguntarse si quien conduce una institución tan sensible conserva las condiciones de idoneidad, autoridad y confianza necesarias para continuar haciéndolo.
Como si el escenario no fuera suficientemente preocupante, ahora se produjo un hecho que golpea directamente sobre una de las funciones elementales del sistema penitenciario: un interno no fue localizado durante el recuento realizado en el sector Anexo de Río Grande, lo que derivó en un pedido de captura y en la solicitud de colaboración de la comunidad para encontrarlo.
El episodio involucra a Mauricio Walter Facundo Aibar, de 26 años, interno del Servicio Penitenciario Provincial, cuyo paradero comenzó a ser buscado luego de advertirse su ausencia.
Más allá de las circunstancias concretas de la fuga, que deberán investigarse, el episodio abre interrogantes inevitables.
¿Cómo pudo escapar un interno? ¿Qué controles fallaron? ¿Cuándo se produjo la fuga? ¿Existían protocolos adecuados de vigilancia? ¿Hubo responsabilidades del personal jerárquico?
Y fundamentalmente: ¿Quién responde políticamente por lo ocurrido?
Una fuga no constituye un inconveniente administrativo menor. Custodiar a las personas privadas de su libertad constituye precisamente una de las responsabilidades esenciales del Servicio Penitenciario.
Cuando el propio Estado debe posteriormente pedir colaboración a toda la comunidad para localizar a una persona que se encontraba bajo su custodia, existe una falla que merece explicaciones públicas.
La fuga se incorpora a un escenario que venía mostrando señales preocupantes.
En los últimos meses el sistema penitenciario fueguino quedó atravesado por denuncias internas, cuestionamientos de trabajadores, dificultades de infraestructura, problemas vinculados a la población carcelaria y episodios de violencia dentro de establecimientos penitenciarios.
Uno de los acontecimientos más graves ocurrió en la Unidad de Detención N.º 1 de Río Grande, donde tres internos terminaron hospitalizados después de una violenta golpiza.
Familiares denunciaron incluso que las autoridades habían sido advertidas previamente respecto de los riesgos existentes.
Ahora se agrega una fuga.
Violencia dentro de las unidades, cuestionamientos a la conducción, denuncias de trabajadores y un interno que logra escapar de la órbita penitenciaria.
¿Cuántas situaciones deben acumularse para admitir que existe un problema de conducción?
Cuestionar a quienes conducen el Servicio Penitenciario no significa cuestionar a sus trabajadores.
Por el contrario.
Centenares de agentes desarrollan diariamente una tarea extremadamente compleja y necesitan una institución profesional, organizada, equipada y dirigida por autoridades capaces de generar confianza.
Cuando existen fallas en los protocolos, problemas estructurales o decisiones deficientes, son también los propios agentes quienes terminan afrontando sus consecuencias.
Por eso, defender al Servicio Penitenciario no significa defender automáticamente a sus autoridades.
Defender la institución también implica exigir responsabilidades a quienes la conducen.
Esta es la pregunta que debería responder el Ejecutivo provincial.
¿Cuántas denuncias?
¿Cuántos conflictos internos?
¿Cuántos episodios de violencia?
¿Cuántas investigaciones?
¿Y ahora también cuántas fugas?
Porque mantener a un funcionario en su cargo también constituye una decisión política.
La continuidad de Ariel Ciares al frente del Servicio Penitenciario dejó hace tiempo de ser exclusivamente una cuestión administrativa. El Gobierno de Gustavo Melella conoce los cuestionamientos existentes y decidió sostener su conducción.
Por lo tanto, también deberá explicar por qué considera que, pese a semejante acumulación de acontecimientos, no resulta necesario revisar responsabilidades.
Hace apenas unos días el Gobierno provincial participaba del acto por el Día del Servicio Penitenciario y reivindicaba institucionalmente su funcionamiento.
Hoy, el Estado provincial se encuentra buscando a un interno que estaba bajo su propia custodia.
La contradicción resulta difícil de ignorar.
El sistema seguramente necesita infraestructura, equipamiento, capacitación y recursos. Pero ninguna inversión puede sustituir algo elemental: una conducción eficiente, protocolos que funcionen y una cadena de responsabilidades claramente establecida.
Una institución encargada de custodiar personas privadas de su libertad no puede acostumbrarse a administrar crisis.
Y mucho menos puede pretender que cada nuevo episodio sea tratado como un acontecimiento independiente de todos los anteriores.
La fuga ocurrida en Río Grande debería marcar un límite.
Porque cuando una institución acumula denuncias, violencia, cuestionamientos internos y finalmente no consigue siquiera garantizar que una persona permanezca bajo la custodia que el propio Estado le impuso, la pregunta deja de ser si existe una crisis.
La crisis está a la vista.
La verdadera pregunta es cuánto más tiene que ocurrir para que el Gobierno de Tierra del Fuego revise seriamente la conducción del Servicio Penitenciario y determine las responsabilidades correspondientes.
