La evidencia genética fue la clave para identificar a un abusador serial que comenzó a atacar en 2010

Poco más de una década ha transcurrido desde que se registró el primer ataque de un abusador serial en Quilmes, ocurrido el 4 de julio de 2010. La víctima, una joven que se dirigía a su trabajo, fue amenazada con un cuchillo y víctima de una violación. En el juicio, la afectada relató cómo el agresor intentó culparla de su falta de erección, afirmando que ella no lo excitaba.

El segundo ataque se produjo el 31 de enero de 2012, esta vez contra una adolescente de 15 años con retraso mental moderado, quien sufrió un daño físico y psicológico significativo como consecuencia del trauma. Posteriormente, el 23 de abril de 2013, una niña de 13 años fue forzada a ir a un descampado bajo amenaza de arma de fuego, donde también fue violada. En otro incidente, ocurrido ocho meses después, una mujer fue amenazada con un cuchillo y trasladada a un baldío, donde sufrió otro abuso.

El agresor, finalmente identificado como Figueroa, fue condenado a 30 años de prisión gracias a la intervención del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Este caso marca un hito, ya que se trató de la primera vez que se utilizó el entrecruzamiento de evidencias genéticas para identificar a un autor de delitos sexuales en un juicio oral.

Durante el proceso judicial, el bioquímico y perito en genética forense Walter Bozzo, subdirector del Banco de Datos Genéticos, explicó cómo se logró vincular a Figueroa con los delitos. A través de un software especializado, se analizaron perfiles genéticos que permitieron establecer coincidencias entre las evidencias recolectadas en las distintas causas y el ADN del condenado, quien ya figuraba en el registro por una condena anterior.

La evidencia genética resultó determinante para demostrar la culpabilidad de Figueroa en los cuatro ataques sexuales, brindando así un alivio a las víctimas y a sus familias. En su declaración final, el acusado pidió disculpas a las ofendidas, lo que fue interpretado como un reconocimiento implícito de su responsabilidad en los hechos.

La labor del Ministerio Público, representado por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, fue fundamental para presentar un caso sólido que culminó en esta histórica condena. La justicia ha dado un paso importante en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.