Polo Sur
El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a presentar una medida vinculada al acceso al gas natural. Esta vez, a través de un convenio entre el Banco de Tierra del Fuego (BTF) y Camuzzi Gas del Sur, que permitirá incorporar las cuotas de los créditos destinados a instalaciones internas directamente en la factura mensual del servicio.
La iniciativa fue presentada como una herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de las familias que aún no cuentan con conexión domiciliaria de gas.
Sin embargo, detrás del anuncio reaparece una pregunta que el Gobierno provincial todavía no respondió.
En mayo de 2024, durante el conflicto por el aumento de las tarifas de gas, el gobernador Gustavo Melella aseguró públicamente que la Provincia reclamaría alrededor de 48 millones de dólares a Camuzzi Gas del Sur.
Según explicó entonces, Tierra del Fuego había financiado durante años obras de infraestructura gasífera que terminaron incrementando el patrimonio y la rentabilidad de la empresa distribuidora.
La frase de Melella fue contundente.
"Camuzzi va a tener que ir pensando cómo va a pagarle a la Provincia porque se lo vamos a cobrar".
Dos años después, y fiel a su estilo de vende humo, ese reclamo nunca se materializó, no trascendió ninguna demanda judicial, no hubo acuerdo económico, no se informó ningún recupero de fondos, los USD 48 millones que le debe Camuzzi a los fueguinos desaparecieron de la agenda oficial.
¿Qué habrá pasado en el medio?
Mientras aquella promesa quedó archivada, el Gobierno provincial eligió otro camino.
Ahora impulsa que sean los propios vecinos quienes tomen créditos para poder realizar las instalaciones internas y acceder finalmente al servicio de gas natural.
El convenio firmado entre el BTF y Camuzzi permitirá que esas cuotas se cobren junto con la factura mensual del servicio.
Es decir, la solución propuesta consiste en que las familias financien mediante endeudamiento una infraestructura que el propio Gobierno sostuvo durante años que debía ampliarse con recursos públicos.
El contraste resulta evidente.
En 2024 el discurso oficial apuntaba contra Camuzzi por haberse beneficiado económicamente de inversiones realizadas con fondos provinciales.
En 2026 el Gobierno firma un convenio con esa misma empresa para facilitar créditos destinados a las conexiones domiciliarias.
La pregunta es inevitable.
Si realmente existían USD 48 millones para recuperar, ¿por qué nunca se cobraron?
Y si esos fondos efectivamente pertenecían a la Provincia, ¿por qué hoy las familias deben endeudarse para acceder a un servicio esencial?
El debate también se instala sobre las prioridades presupuestarias.
Mientras miles de hogares siguen dependiendo del gas envasado, el Ejecutivo sostiene una estructura política que distintos sectores estiman cercana a los 2.000 funcionarios con un costo mensual superior a los 5.000 millones de pesos.
En ese contexto, numerosos vecinos cuestionan que el esfuerzo económico vuelva a recaer sobre las familias mientras el Gobierno no logró recuperar los recursos que él mismo aseguró que correspondían a la Provincia.
En Tierra del Fuego el acceso al gas natural no constituye un beneficio adicional.
Es un servicio esencial para afrontar uno de los inviernos más rigurosos del país.
Por eso, el anuncio del convenio entre el BTF y Camuzzi vuelve a poner sobre la mesa una pregunta política que permanece sin respuesta desde hace dos años.
¿Por qué los fueguinos deben financiar con un crédito su conexión al gas mientras los USD 48 millones que Gustavo Melella prometió reclamarle a Camuzzi nunca aparecieron?
La respuesta, por ahora, sigue siendo una de las principales deudas pendientes de la política energética provincial.
