Polo Sur
Durante una encendida intervención en el Concejo Deliberante de Río Grande, la presidenta del cuerpo legislativo y representante del Movimiento Popular Fueguino, Guadalupe Zamora, solicitó que se declare personas no gratas a los diputados nacionales Santiago Pauli y Ricardo Garramuño, tras el voto afirmativo de estos diputados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual —según denunció— "lleva en su letra chica el desmantelamiento del subrégimen industrial de la Ley 19.640".
El proyecto, que fue derivado a comisión para su tratamiento legislativo, desató un fuerte debate institucional y social en defensa del régimen de promoción que sostiene miles de empleos en la provincia.
“No soy troskista ni traidora a la Patria. Lo que no voy a hacer es justificar el hambre, el desempleo ni los ajustes que este acuerdo conlleva para nuestros jubilados, nuestros trabajadores y para todo el pueblo fueguino”, expresó Zamora con firmeza ante el cuerpo deliberativo.
ACUSACIONES DE TRAICIÓN AL MANDATO POPULAR
Zamora enmarcó su intervención como un acto de responsabilidad institucional, sin apelar a agravios personales ni campañas anónimas, remarcando que su posicionamiento se basa en hechos concretos. Sostuvo que los diputados Pauli y Garramuño votaron un acuerdo que amenaza directamente la base económica y productiva de la provincia, en nombre de una competitividad que ya antes, en 2017, implicó la pérdida de más de 6.000 empleos.
“El pueblo fueguino no les dio un mandato para convalidar políticas de hambre, ni para entregar nuestros reclamos históricos sobre las Islas Malvinas, ni para ser cómplices de un modelo económico antiindustrial y profundamente antifederal”, denunció.
En su discurso, también apuntó contra las acciones del ministro Luis Caputo, quien públicamente celebró el intento de “terminar con el régimen fueguino”, y criticó las burlas en redes sociales desde cuentas afines al Gobierno nacional, incluyendo las del propio presidente, que ridiculizan la producción fueguina.
"DEBEMOS LLAMARLO POR SU NOMBRE: TRAICIÓN"
Zamora cuestionó el accionar de los legisladores nacionales por actuar “de espaldas al pueblo fueguino”, sin consulta ni consenso previo. Señaló que su voto fue un "cheque en blanco" al FMI, con consecuencias devastadoras para el entramado social y productivo de Tierra del Fuego.
La presidenta del Concejo pidió terminar con la retórica vacía y asumir la gravedad del momento:
“Nos proponen convertirnos en un parque de diversiones, mientras nuestros trabajadores están en la calle, con temperaturas bajo cero, defendiendo su fuente de trabajo. Eso no es futuro, eso es sometimiento.”
También cuestionó a Pauli por haber intentado deslegitimar el paro general convocado por los trabajadores, en vez de abrir un canal de diálogo con quienes hoy padecen el impacto de las políticas impulsadas desde Buenos Aires.
UN LLAMADO A LA VERDAD Y A LA DIGNIDAD
Zamora cerró su exposición con un emotivo recordatorio del preámbulo de la Constitución fueguina, resaltando el deber de los representantes de proteger los derechos, el desarrollo económico, la autonomía provincial y la dignidad de quienes habitan este suelo.
“Podremos tener diferencias políticas, pero no podemos aceptar que quienes juraron defendernos sean los mismos que hoy atacan nuestro presente y futuro. Este proyecto no es contra una persona, sino en defensa de nuestra industria, nuestra soberanía y nuestras familias fueguinas”, concluyó.
El debate continuará en comisiones, pero el pronunciamiento de Guadalupe Zamora dejó expuesta la fractura entre los representantes nacionales y las demandas de un pueblo que exige ser escuchado y respetado.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Mientras el gobierno paga mas de 400 millones en choferes vip, y la provincia lidera los contagios por tos convulsa en el país, los pacientes del Hospital de Río Grande advierten que las esperas por los resultados de las mamografías se extienden hasta por lo menos 75 días, por otro lado los trabajadores señalan fallas en la gestión, además de la existencia de servicios tercerizados y falta de controles en áreas clave del funcionamiento del hospital.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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