Polo Sur
En mayo de 2024, en pleno conflicto por el tarifazo del gas impulsado por el gobierno nacional y aplicado por Camuzzi Gas del Sur, el gobernador Gustavo Melella lanzó una frase que tuvo enorme impacto político:
“Camuzzi va a tener que ir pensando cómo va a pagarle a la Provincia porque se lo vamos a cobrar”.
La cifra que mencionaba no era menor.
Según el propio mandatario, Tierra del Fuego había invertido alrededor de USD 48 millones en obras de gas que terminaron beneficiando directamente a la empresa distribuidora, ya que cada nueva conexión domiciliaria implicaba automáticamente nuevos usuarios y mayor facturación para Camuzzi.
El planteo sonaba contundente.
Pero dos años después, la gran pregunta es inevitable:
¿Qué pasó con ese reclamo?
La respuesta es incómoda:
no hubo demanda conocida,
no hubo recuperación de fondos,
no hubo acuerdo público,
ni tampoco avances concretos para cobrar esos USD 48 millones anunciados por el propio gobernador.
Mientras tanto, la realidad fueguina empeoró.
Miles de familias continúan dependiendo del gas envasado en una de las regiones más frías del planeta, las conexiones domiciliarias prometidas quedaron inconclusas y el propio gobierno provincial terminó anunciando créditos para que los vecinos deban endeudarse y financiar por cuenta propia el acceso al gas natural.
La situación adquiere todavía mayor sensibilidad política cuando se observa que, mientras el gobierno provincial sostiene que no existen recursos suficientes para garantizar plenamente las conexiones domiciliarias de gas o mantener los niveles históricos de subsidios al GLP, la estructura política de la administración de Gustavo Melella continúa funcionando sin señales concretas de ajuste. Con una planta que distintos sectores estiman cercana a los 2.000 funcionarios políticos y un costo mensual que superaría los $5.000 millones, crece el malestar social frente a una lógica donde el esfuerzo económico parece recaer sobre los vecinos, mientras el gasto político permanece prácticamente intacto.
La contradicción política es enorme.
Porque mientras en 2024 Melella denunciaba que Camuzzi se beneficiaba económicamente gracias a inversiones públicas realizadas por la provincia y los municipios, hoy esos recursos jamás recuperados podrían estar utilizándose para sostener el subsidio al GLP, ampliar conexiones domiciliarias o aliviar el costo energético de miles de hogares fueguinos.
En cambio, ocurrió lo contrario.
El subsidio al gas envasado fue reducido, las familias reciben menos cargas, y numerosos vecinos denuncian que deben afrontar tubos de gas que rondan los $35.000 en pleno invierno.
El problema ya no es solamente económico. también es político.
Porque el gobernador no solo reconoció públicamente que la provincia había financiado infraestructura que terminó fortaleciendo el negocio privado de Camuzzi.
También prometió cobrarlo.
Y ese cobro nunca apareció.
Hoy, como respuesta el gobierno provincial impulsa líneas de crédito para que los fueguinos se endeuden y puedan conectarse al gas, la pregunta vuelve con más fuerza que nunca:
¿Por qué los vecinos tienen que financiar obras que el Estado prometió garantizar, mientras los USD 48 millones que Melella dijo que iba a reclamarle a Camuzzi jamás fueron recuperados?
La escena expone una de las principales debilidades de la política energética provincial:
años de anuncios, millones invertidos, promesas de conexiones masivas, discursos contra las empresas,
y un resultado concreto donde miles de familias siguen dependiendo de garrafas.
En Tierra del Fuego, donde el gas no es un lujo sino una necesidad básica de supervivencia, los USD 48 millones anunciados por Melella ya no representan solamente una cifra.
Representan una promesa incumplida que hoy podría estar ayudando a resolver la crisis energética que atraviesan miles de fueguinos.
