Melella busca aplastar las finanzas municipales

El conflicto entre la Provincia y los municipios sumó un nuevo capítulo cargado de tensión política, reproches cruzados y memoria selectiva. El gobernador Gustavo Melella decidió avanzar con un proyecto para que el Estado provincial vuelva a quedarse con el control del Impuesto Inmobiliario, el mismo esquema que años atrás denunciaba públicamente cuando era intendente de Río Grande.

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La iniciativa ya fue enviada a la Legislatura y propone restablecer la plena vigencia del tributo bajo administración de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), desplazando nuevamente a los municipios de un recurso histórico clave para sus finanzas.

El movimiento del Ejecutivo no pasó desapercibido dentro del escenario político fueguino. La avanzada provincial llegó inmediatamente después de que los intendentes consiguieran imponer el sistema de goteo diario de coparticipación, una herramienta destinada a evitar demoras o retenciones de fondos por parte de la Casa de Gobierno.

En distintos sectores políticos la lectura es directa: el oficialismo busca recuperar poder financiero luego del revés legislativo sufrido días atrás.

Según el texto del proyecto, el dinero recaudado mediante el Impuesto Inmobiliario será destinado exclusivamente a salud y educación pública. Además, AREF tendrá facultades para ejecutar el cobro y diseñar planes de regularización para contribuyentes.

Sin embargo, el trasfondo político vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica que tiene a Melella como protagonista en dos veredas completamente opuestas.

En 2016, durante la gestión de Rosana Bertone, el entonces intendente riograndense encabezó fuertes críticas contra la provincialización del tributo impulsada mediante la Ley 1075. En aquel momento denunció que la Provincia avanzaba sobre la autonomía municipal y advirtió que detrás de esa decisión existía un intento de vaciar financieramente a las ciudades.

“Hoy será el inmobiliario, mañana será el automotor”, afirmaba Melella mientras acusaba al Ejecutivo provincial de generar un “desfinanciamiento total de los municipios”.

Incluso llegó a sostener que el gobierno provincial actuaba “como una topadora que arrasa con la gente”, cuestionando además que se judicializara la pelea por los recursos públicos.

Hoy, ya instalado en el sillón de la Gobernación, el discurso cambió por completo

Aunque la Corte Suprema terminó reconociendo la potestad provincial sobre el impuesto, tanto Bertone como el propio Melella habían mantenido suspendida su aplicación efectiva para evitar un enfrentamiento abierto con los intendentes. Esa tregua política parece haber llegado a su fin.

La delicada situación financiera de la Provincia y la necesidad de fortalecer recursos propios aparecen como los argumentos centrales del oficialismo para justificar la medida. Pero en las ciudades crece otra interpretación: que el Gobierno decidió utilizar el Inmobiliario como herramienta de presión política frente a municipios que lograron condicionarlo en la Legislatura.

Mientras el Ejecutivo intenta instalar que los fondos irán destinados a hospitales y escuelas, intendentes y sectores opositores observan con preocupación el avance provincial sobre una de las principales cajas municipales.

La discusión promete convertirse nuevamente en uno de los mayores focos de tensión institucional en Tierra del Fuego. Pero esta vez, con un dato imposible de ignorar: el principal impulsor de la medida es el mismo dirigente que años atrás la denunciaba como un atropello contra las ciudades.