Polo Sur
La tensión en torno al funcionamiento del Juzgado de Minoridad y Familia N°2 de Río Grande escaló en las últimas horas y ya se trasladó a las calles. A través de redes sociales, un grupo de vecinos autoconvocados lanzó una convocatoria para este lunes 4 a las 10 de la mañana frente a las instalaciones del juzgado, en el sector del ex campamento YPF, con el objetivo de visibilizar lo que denuncian como una situación insostenible.
Según expresaron los organizadores, más de 25 personas se consideran directamente afectadas por decisiones, demoras y falta de respuestas en expedientes sensibles vinculados a niños, niñas y familias. En ese contexto, sostienen que la protesta será pacífica, pero advierten que responde a un nivel de agotamiento extremo frente a lo que describen como reiterados obstáculos para acceder a audiencias y obtener resoluciones en tiempo razonable.
El eje del reclamo apunta a la necesidad de una revisión urgente del funcionamiento del juzgado. En los mensajes difundidos, los vecinos plantean que existen casos en los que, según su testimonio, se habrían producido demoras prolongadas y decisiones que consideran cuestionables, lo que —afirman— impacta directamente en derechos fundamentales de menores y familias.
La convocatoria también deja al descubierto un dato político-institucional relevante: la pérdida de confianza en los canales formales. Los manifestantes sostienen que agotaron instancias previas sin obtener respuestas, lo que los llevó a recurrir a la exposición pública como única herramienta para ser escuchados.
En paralelo, mencionan que la situación habría sido puesta en conocimiento de instancias superiores del Poder Judicial, como la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, aunque hasta el momento no se registraron pronunciamientos oficiales.
El caso abre un escenario delicado, cuando los conflictos vinculados a la justicia de familia —uno de los ámbitos más sensibles del sistema— derivan en protestas públicas, lo que queda en evidencia no es solo un conjunto de reclamos individuales, sino un problema de confianza institucional más profundo.
La movilización de este lunes buscará precisamente eso: romper el silencio, visibilizar los casos y forzar una respuesta. El resultado marcará hasta qué punto el sistema judicial está dispuesto a escuchar —o no— a quienes aseguran sentirse desprotegidos.
