PoloSur
El comercio exterior argentino enfrenta su segundo día de estancamiento como consecuencia de la desregulación implementada por el presidente Javier Milei a través de un decreto, lo que ha desencadenado un conflicto con los trabajadores del sector portuario. La incertidumbre se apodera del empresariado, que comienza a manifestar su preocupación por las millonarias pérdidas que esta medida está generando. Las críticas hacia el Gobierno se centran en la falta de sensibilidad y de diálogo en la gestión de esta reforma.
Según datos del Centro de Navegación (CNAV), que representa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas externas, al menos 140 buques aguardaban confirmación del servicio en los principales puertos del país, como La Plata, Buenos Aires y Rosario. Esta paralización ha llevado a que muchas operaciones se desvíen hacia puertos de Uruguay y Brasil, complicando aún más la logística del comercio internacional.
La situación también afecta gravemente la distribución de combustibles, con la Cámara Argentina de Energía (CADE) reportando 12 buques tanque detenidos. Esto pone en riesgo el suministro de nafta, gasoil y fuel oil, afectando muelles clave en distintas provincias. Desde el banco Mariva, se advirtió sobre la suspensión de operaciones críticas, como la del buque White Marlin, esencial para el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
La crisis portuaria está golpeando especialmente a las empresas agroexportadoras, que ven cómo se acumulan los costos operativos. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, enfatiza la necesidad de un diálogo constructivo para abordar los cambios necesarios, alertando que el tiempo apremia y que cada día de inacción suma pérdidas significativas al sector.
