
Los fiscales Hairabedián y Turano pidieron el arresto domiciliario del camarista Abel Sánchez Torres
PoloSur
En un extenso documento de casi cien páginas, los fiscales han expuesto un presunto acuerdo entre Sánchez Torres y Montesi para manipular la integración de las salas de la Cámara Federal, con el fin de intervenir en un caso de evasión tributaria que beneficiaría a exdirectivos de la cerealera Bunge. Según la acusación, ambos magistrados habrían desplazado a la jueza que debía subrogar, buscando asegurar decisiones favorables en el expediente relacionado.
Además de las acusaciones de manipulación en los expedientes, los fiscales también han señalado el hostigamiento que sufrió la secretaria penal Celina Laje Anaya. Al negarse a emitir un certificado que avalara la integración irregular en el caso Bunge, Laje Anaya habría enfrentado una campaña de maltrato y humillaciones por parte de Sánchez Torres, lo que resultó en problemas de salud que requirieron licencias psiquiátricas prolongadas.


La situación se complica aún más por el hecho de que el juez Alejandro Sánchez Freytes, a quien se dirige el pedido de arresto, no puede ejecutar la detención debido a los fueros de Sánchez Torres. Para que se materialice un arresto, sería necesario que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara un proceso de destitución, lo que añade una capa de dificultad a este caso que ya involucra a dos miembros de la misma Cámara.
En medio de un contexto de creciente preocupación por la integridad del sistema judicial, se espera que el Consejo de la Magistratura tome medidas ante la gravedad de las acusaciones y el impacto que esto podría tener en la confianza pública en las instituciones. La situación de Sánchez Torres y Montesi sigue siendo objeto de análisis, mientras el proceso avanza en la Comisión de Disciplina del Consejo.


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