PoloSur
Es en el marco de los programas que se llevan adelante para que los internos aprendan habilidades, trabajen y desarrollen actividades que les permitan reinsertarse socialmente.
El Servicio Penitenciario inició junto al INTA un proyecto para desarrollar una variedad de ajo viable para su producción en Tierra del Fuego. La iniciativa se da en el marco de los programas para que personas privadas de libertad adquieran conocimientos y desarrollen actividades que les permitan reinsertarse socialmente una vez cumplida su condena.
Al respecto, el Director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, comentó que “hoy nos encontramos recorriendo con personal del INTA las nuevas siembras que se están llevando adelante en el marco de un proyecto presentado por la señora Susana Aressi que tiene que ver con el ajo violeta y su producción. Conforme lo enmarca la ley, el trabajo configura para la persona privada de libertad un deber y un derecho. En este horizonte nosotros buscamos iniciativas que se puedan llevar adelante donde la persona privada de libertad aprenda y por otro lado desarrolle alguna actividad laboral que también sea productiva para sí misma, para la institución y para la sociedad”.
“Los resultados de este tipo de propuestas siempre son positivos porque son muy bien recibidas por parte de los internos y por parte del personal penitenciario que trata de colaborar en lo que se pueda. Los internos siempre tratan de aprender más y tanto el INTA como otras instituciones colaboran con nosotros constantemente”, agregó.
Por su parte, Susana Aressi, extensionista de la Agencia de Extensión Rural del INTA Río Grande explicó que “la intención es llevar adelante una investigación para el desarrollo de una variedad de ajo violeta que sea viable para ser producida en Tierra del Fuego. Estamos haciendo junto a internos selección y clasificación de esta variedad de ajo para promover el cultivo a nivel local. Es un cultivo muy noble, a cielo abierto y no requiere muchos recursos. Está planeado que la investigación dure cinco años”.
Finalmente, Darío, interno que participa junto a otros compañeros del proyecto, expresó que “la investigación consiste en seleccionar dientes de ajo violeta que tengan una forma y un tamaño determinados, para lograr luego de varios cultivos un ajo con una morfología apta para su producción y comercialización”.
“El ajo necesita frío para crecer, por lo que nuestro clima es apto para cultivarlo. Además estamos investigando dos tipos de abono diferentes que se consiguen fácilmente acá de manera de determinar cuál es mejor. Con el paso del tiempo la intención es lograr un ajo con una forma y un tamaño apto para su comercialización. Una vez conseguido esto, podremos entregar el resultado a productores locales para que cultiven esta variedad, con un gran beneficio tanto para ellos como para la sociedad”, recalcó.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.
La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a la concejal Florencia Vargas, recibieron al Cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.
Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
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