Condenan a dirigente de Camioneros por extorsión en protesta

Un mes después de que el juez Alejandro López absolvió a Fernando Espíndola y a otros seis imputados por el bloqueo a Rey Distribución, la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, impuso una condena de cuatro años de prisión al dirigente del Sindicato de Camioneros. La sentencia se relaciona con la misma protesta y con dos episodios documentados de extorsión a los dueños de la pyme de San Pedro, ocurridos en 2021. La decisión se tomó el viernes y concluyó un proceso judicial que se extendió por cinco años, acumulando 21 cuerpos de expediente. La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado a principios de septiembre, donde las partes pactaron la calificación y la pena sin que ello implicara una confesión de culpabilidad.

A pesar de la condena, Espíndola fue declarado coautor penalmente responsable de turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, así como de amenazas coactivas consumadas. Se estima que el dirigente permanecerá en libertad, ya que fue excarcelado el 23 de octubre pasado, tras la absolución de Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local, y otros seis imputados por el bloqueo a Rey Distribución. Según el diario El Norte de San Nicolás, la jueza Baquedano justificó la liberación de Espíndola en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que permite la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención podría dar lugar a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.

El 14 de octubre, el juez López absolvió a Cabaleyro y desestimó la solicitud de la fiscalía, que pedía una condena de diez años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período, así como la revocación del arresto domiciliario. Asimismo, se rechazó la petición de los abogados de la familia Rey, quienes solicitaban que la pena de prisión se incrementara a quince años. La sentencia eximió de responsabilidad a los involucrados en la protesta extorsiva, que duró cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento. A pesar de que el juez reconoció que hubo un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y causó pérdidas millonarias, lo calificó como un “legítimo ejercicio de un derecho”.

El caso en cuestión involucra a Rey Distribución, una empresa familiar ubicada en San Pedro, cuyos propietarios son los hermanos Gustavo y Ariel Rey. Estos denunciaron que desde 2017 habían estado pagando mensualmente sumas equivalentes al salario de un empleado, que en 2021 ascendían a aproximadamente $ 20.000, con el objetivo de evitar que el sindicato interrumpiera sus operaciones.

La magistrada estableció tres hechos probados en este caso. El primero de ellos tuvo lugar el 15 de enero de 2021, a las 5 de la mañana, cuando Espíndola, junto a un grupo de personas relacionadas con el sindicato, bloqueó el acceso de camiones en la sede de Bonorino 175, lo que impidió cualquier actividad comercial hasta las 14 horas. La causa inmediata de este bloqueo fue la suspensión disciplinaria del empleado Edgardo Di Mayo, quien fue presentado por el sindicato como delegado electo; sin embargo, la jueza constató que dicha designación nunca fue comunicada al empleador en el tiempo y forma requeridos por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Días antes, Espíndola ya había advertido a Gustavo Rey: “Se pudre todo”.

El segundo hecho se desarrolló entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En las primeras horas del día, el sindicato colocó un colectivo motorhome, cuyo registro de patente pertenecía a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, frente a la misma distribuidora, bloqueando el único acceso vehicular del predio durante cuatro días. Las cámaras de seguridad captaron que, a las 12:53 del 23 de febrero, el vehículo fue movido unos metros, pero los manifestantes continuaron obstaculizando el paso utilizando reposeras. El colectivo finalmente se retiró el 25 de febrero a las 15. Una pericia contable determinó que esos cuatro días de bloqueo ocasionaron una pérdida de $ 12.583.887,29 en facturación, calculada en función de la semana anterior. Además, un cliente, la bodega Peñaflor, decidió rescindir su contrato para no verse involucrado en el conflicto.

Un audio presentado como prueba ilustra la dinámica del segundo bloqueo. En la grabación, Ariel Rey le dice a Espíndola: “Fernando, ya está, sácame la gente, boludo”, a lo que el sindicalista responde que está esperando la llegada de otro dirigente. Rey replica: “Olvídate de las 20 lucas”.

El hecho número 5 señalado en la acusación pone de manifiesto un mecanismo de presión económica de gran complejidad. El 20 de abril de 2021, el contador de la empresa fue convocado a la sede del sindicato en San Pedro, donde Espíndola, junto a otra persona no procesada, le advirtió: “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Ante esta amenaza, el contador, con el consentimiento de los hermanos Rey, firmó un acuerdo de pago por una supuesta deuda que incluía diferencias salariales, aportes sindicales y obra social, totalizando $805.383,03. El primer pago, que ascendió a $203.838,29 en efectivo y un cheque por $102.999,91, fue entregado dentro de una caja de galletitas. El saldo restante se pagó mediante dos cheques por un total de $355.583,03.

Un audio registrado el 13 de abril de 2022 capturó a Espíndola recibiendo el pago y conversando con el contador sobre los montos involucrados. En esa grabación, el contador le advierte: “Ahí tenés los 550 que me dieron los muchachos de Rey. Espero que se solucionen todos los problemas”. La jueza Baquedano decidió absolver a Espíndola en relación al hecho 3, que lo acusaba de cobrar mensualmente sumas extorsivas desde 2017. La razón de esta absolución fue un audio presentado por la defensa, fechado el 7 de mayo de 2020, en el que Gustavo Rey le dice a Espíndola: “Fernando, vos nunca me pediste nada”. Este registro no fue impugnado por los hermanos Rey, lo que llevó a la magistrada a no contar con la certeza necesaria para emitir un veredicto condenatorio. “No puedo alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable”, escribió la jueza.

La sentencia también incluyó una reducción significativa de la pena inicialmente acordada por las partes. La Fiscalía, los defensores particulares y el propio Espíndola habían consensuado una pena de seis años, pero la jueza la disminuyó a cuatro años. Esta decisión se fundamentó en dos argumentos: la falta de antecedentes penales condenatorios del imputado, que fue la única atenuante admitida, y una reclasificación del hecho 5. La magistrada determinó que este episodio no constituía extorsión, un delito contra la propiedad, sino que se trataba de amenazas coactivas consumadas, un delito contra la libertad, ya que las sumas exigidas estaban relacionadas con supuestas deudas laborales y no con un beneficio patrimonial ilegítimo en sentido estricto.

La jueza rechazó de manera explícita la posibilidad de que el sometimiento al juicio abreviado se considerara como un atenuante, tal como lo habían solicitado las defensas. Aclaró que, a diferencia de lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, en el marco del ordenamiento bonaerense, este procedimiento “no implica confesión de la participación en el hecho, sino solamente un acuerdo sobre calificación y pena”. Por lo tanto, sostuvo que no equivale a un arrepentimiento ni implica una reparación del daño causado a las víctimas.

La sentencia incluye una derivación de oficio de gran relevancia institucional. La magistrada dispuso el envío de copias a la Fiscalía General departamental para que se analice si funcionarias del Ministerio de Trabajo cometieron delitos de acción pública. Las escuchas telefónicas que forman parte de la causa revelan a una persona identificada como Natalia, perteneciente a la Subsecretaría de Trabajo, quien le comunicó al secretario general del gremio que no había dictado la conciliación obligatoria “porque fue una forma de ganar tiempo para que ustedes se puedan manifestar”.

Además, la delegada regional de Trabajo, Sofía Rotundo, declaró que al acudir al establecimiento el 22 de febrero de 2021, observó el motorhome “al costado del portón”, asegurando que no obstruía el acceso. Esta versión fue refutada por los empleados, los agentes policiales y las grabaciones de video. La jueza caracterizó esta situación como “una picardía de quienes conducían el colectivo-motorhome, que lo corrieron al enterarse de que el Ministerio de Trabajo se haría presente”.

Dos audios adicionales presentados por la fiscalía evidencian la presión ejercida por Espíndola sobre actores ajenos al ámbito empresarial. En uno de los audios del 24 de febrero de 2021, el sindicalista le informa a un interlocutor que el comisario mayor Catalano le había notificado una cédula judicial para desalojar el lugar, a lo que él respondió: “Mirá, te conozco hace un montón de años, vos querés venir, vení y hacé el acta, yo te saco la firma adelante, no me sacás un camión, no me sacás nada”. En otra parte de la misma conversación, Espíndola menciona haber hablado con el entonces intendente de San Pedro, Cecilio Salazar —a quien se refiere como “Cecilio”—, y le advirtió: “Mirá que mañana no tenés barrido. Y si viene y les retiene la gente paran todo”. Según su relato, el intendente le contestó que “se quedara tranquilo, que ya se ocupaba”.

El informe victimológico realizado por la perito Juana Flores documentó el impacto que la situación tuvo sobre la familia Rey. Gustavo Rey relató haber experimentado meses de insomnio, discusiones con su esposa y gastos inesperados en abogados. Su pareja llegó a considerar la posibilidad de abandonar el negocio familiar debido a la presión que enfrentaban. Por su parte, Ariel Rey compartió que, en enero de 2021, sus hijos dejaron de asistir a la colonia de vacaciones del club donde solían ir por motivos de seguridad. Además, mencionó que él y su esposa llegaban al establecimiento a las 4:30 de la madrugada sin saber qué podrían encontrar. Ante esta situación, ambos hermanos fueron incorporados al Área de Asistencia a la Víctima del tribunal.

La jueza, como medida cautelar que se mantendrá vigente hasta que la sentencia sea definitiva, impuso a Espíndola una prohibición de acercamiento a Gustavo y Ariel Rey, así como a sus respectivos grupos familiares. Esta restricción incluye cualquier forma de contacto, ya sea de manera directa o a través de terceros, y se extiende a los establecimientos de Rey Distribución y a los domicilios particulares de los damnificados en San Pedro.

El receso legislativo se aproxima y el oficialismo ha intensificado las conversaciones con los gobernadores provinciales para avanzar en la reforma política y el Presupuesto. Se prevé un viaje crucial de dos operadores que contará con la presencia de cinco gobernadores, en medio del descontento por un posible llamado a elecciones de manera repentina.

Karina Milei expresó su satisfacción por el final del traslado de los presos de la cárcel de Devoto, afirmando: "Qué semana histórica estamos viviendo". A través de su cuenta en X, la funcionaria celebró la culminación de un operativo que pone fin a las actividades de dicha prisión. Esta semana, los últimos internos participaron en una actividad relacionada con el papa León XIV.

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A pesar de la falta de pronunciamiento por parte de la ONU, el kirchnerismo mantiene la esperanza de que aún existe la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se postule como candidata.

Esta expectativa se sostiene en el contexto político actual, donde algunos sectores del oficialismo consideran que la figura de la ex presidenta sigue teniendo un peso significativo en la política argentina.

En el ámbito que dirige la ex presidenta, han logrado mitigar la falta de avances por parte del Comité de Derechos Humanos.

Además, consideran que aún hay tiempo para abordar el escenario electoral.

Fuente original: Infobae Política.