PoloSur
El camarista Nicolás Grappasonno argumentó que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 había cerrado prematuramente la investigación, al considerar que la instrucción del caso estaba agotada sin haber reunido pruebas esenciales para fundamentar la acusación. La causa, conocida como "Propofest", investiga el presunto desvío de ampollas del anestésico propofol y otros insumos médicos del Hospital Italiano para uso personal, un hecho que ha generado gran preocupación en el ámbito de la salud pública.
Este escándalo salió a la luz tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su departamento en Palermo. En el marco de la investigación, Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, fue procesado en abril como presunto autor del delito de defraudación por administración fraudulenta. Por su parte, Lanusse, residente de tercer año en la misma especialidad, fue procesada en calidad de partícipe secundaria. El proceso judicial se inició en febrero de este año, marcando un punto crítico en la investigación sobre el uso indebido de medicamentos en el hospital.
La controversia comenzó en julio, cuando el juez Javier Sánchez decidió posponer el cierre del expediente hasta realizar el peritaje de los teléfonos celulares que habían sido secuestrados a los acusados. Esta medida fue solicitada por el fiscal Lucio Herrera, quien había considerado que el contenido de dichos dispositivos era crucial para la investigación, ya que podría aportar información relevante sobre el desvío de los medicamentos.
Además, la fiscalía había requerido al hospital un informe detallado sobre las intervenciones quirúrgicas y sedaciones realizadas por Boveri y Lanusse entre el 1° de enero de 2025 y el 1° de febrero de 2026, en las que se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol. Sin embargo, el juez justificó su decisión al sostener que la evidencia informática podría ser incorporada durante el debate oral, lo que ha generado críticas sobre la gestión de la investigación y la necesidad de asegurar la transparencia en el proceso judicial.
En el mes de agosto, la fiscal María Luz Castany, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante la etapa de juicio, advirtió que la investigación no se encontraba completa. En su intervención, subrayó que aún quedaban pendientes medidas de prueba fundamentales que justificaban no avanzar hacia el debate oral. Entre sus argumentos, destacó que el peritaje de los celulares "excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria", apoyando así la postura del fiscal Herrera, quien también había manifestado preocupaciones sobre la falta de pruebas.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, Pablo Vega, coincidió con los fiscales en la necesidad de continuar con la investigación y decidió devolver la causa a esta instancia. Sin embargo, el juez Sánchez propuso aceptar las exigencias de forma parcial, sugiriendo enviar a juicio únicamente a Boveri. Esta propuesta generó que el Ministerio Público Fiscal insistiera en la nulidad de la decisión que daba por concluida la investigación, argumentando que no se habían agotado todas las posibilidades de recolección de pruebas.
En este contexto, el juez de Casación intervino y dio lugar a este pedido, confirmando así el freno a la elevación a juicio y ordenando que la fase de investigación y recolección de pruebas siga vigente. Esta decisión subraya la importancia de completar adecuadamente la investigación antes de avanzar a un juicio, asegurando que se reúnan todas las pruebas necesarias para un proceso judicial justo y exhaustivo.
Fuente original: Clarín Policiales.
