PoloSur
La Legislatura de Córdoba dio luz verde esta noche a la nueva ley de promoción industrial, respaldada por un amplio consenso. Esta iniciativa, promovida por el intendente Martín Llaryora, puso de manifiesto las diferencias políticas al contrastar el modelo económico del oficialismo con el enfoque del poder libertario liderado por Javier Milei. Mientras el oficialismo presentó la ley como una herramienta fundamental para mantener la industria y el empleo en un contexto de crisis, la oposición exigió una reducción de impuestos, una disminución del gasto público y una revisión del llamado "costo Córdoba".
Facundo Torres Lima, jefe de la bancada oficialista, resumió la postura del gobierno peronista al afirmar: “Mientras a nivel nacional se discute cómo ajustar, en Córdoba, con Martín Llaryora, tomamos decisiones concretas para que nuestras industrias puedan invertir, crecer y generar más empleo”. En este sentido, su compañero de bancada, Leonardo Limia, defendió la política de incentivos del Estado provincial y criticó la orientación económica de Milei, que, según él, se centra en la minería y el petróleo, sectores donde Córdoba tiene una menor participación. Limia advirtió que “el sector industrial está planteando que el gobierno nacional necesita hacer un cambio de rumbo ante esta situación”, refiriéndose a la crisis económica que atraviesa el país.
Para el legislador peronista, la nueva ley representa una herramienta clave para preservar los puestos de trabajo y fortalecer la matriz productiva de la provincia. Sin embargo, también respondió a las críticas de la oposición sobre la carga tributaria, afirmando: “Hay que terminar con esta mentira del costo impositivo de la provincia de Córdoba”, en una clara defensa de la política fiscal provincial. La ley, que incluye exenciones de hasta 15 años, busca reactivar la industria en un contexto de crisis y se presenta como un intento del gobierno provincial de contrarrestar las políticas económicas propuestas a nivel nacional.
Desde el PRO, Oscar Agost Carreño expresó su apoyo a la iniciativa y destacó la importancia de contar con "reglas claras" para atraer inversiones. En su intervención, subrayó las diferencias con el régimen nacional, reconociendo ciertos aspectos positivos del Régimen de Incentivos para la Generación de Inversiones (RIGI), aunque criticó su exclusión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de inversiones significativas para la escala argentina. “El RIGI lo que tiene de malo es que deja fuera a pymes, pero también a grandes inversiones. Grandes, me refiero a grandes inversiones para la escala argentina, solamente entran las que son enormes”, afirmó.
En contraste, el parlamentario destacó el alcance del proyecto cordobés, que cuenta con el respaldo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Agost Carreño también lanzó una advertencia sobre el modelo nacional, señalando que “la estabilidad macro tiene que llegar al piso de la fábrica”. Para ejemplificar su punto, mencionó el caso de una pyme que necesita adquirir una máquina o habilitar un segundo turno, inversiones que, según él, pueden tener un impacto decisivo en el empleo y la economía de una localidad.
Durante las diversas intervenciones, se evidenció que el apoyo del PRO, el juecismo y la UCR no implicó un respaldo incondicional a Llaryora. El legislador del Frente Cívico, Walter Gispert, defendió la dirección que está tomando Milei y reconoció las dificultades del contexto económico, aunque desvió la atención hacia las responsabilidades del gobierno provincial. “Nosotros defendemos en las buenas y en las malas el cambio que se está produciendo en Argentina”, manifestó. Posteriormente, exigió una reducción de Ingresos Brutos y cuestionó el nivel de gasto de la administración cordobesa. “Lo que nosotros reclamamos es que bajen los impuestos. Las fuerzas de la oposición van a acompañar todas las acciones para bajar los impuestos, pero tienen que bajar el gasto”, enfatizó.
Esta postura política tuvo una implicación concreta para el futuro: Gispert condicionó el apoyo del Frente Cívico al Presupuesto 2027 a un recorte del gasto político. “Si no achican el gasto de la política, no les vamos a votar el presupuesto", advirtió.
El radicalismo apoyó la ley, aunque expresó su preocupación por la falta de ciertas herramientas. Lucas Valiente reiteró la necesidad de establecer un régimen transitorio de sostenibilidad industrial para aquellas empresas que se encuentren en procesos preventivos de crisis, lo que incluiría beneficios y extensiones en los Ingresos Brutos. “Cuando una industria atraviesa dificultades, no está en juego solamente la continuidad de una empresa. También están en juego los puestos de trabajo, las cadenas proveedoras, el entramado productivo de toda una región”, afirmó Valiente.
Alejandra Ferrero, presidenta del bloque, también hizo hincapié en sus reservas respecto a la eliminación de incentivos para los clústeres industriales, la economía circular, las certificaciones de calidad y el apoyo a nuevos emprendimientos. Asimismo, solicitó una reducción de la burocracia y de la presión impositiva, así como limitar la discrecionalidad y asegurar que los beneficios también lleguen a las pequeñas y medianas empresas (pymes). "Los beneficios no pueden concentrarse en las grandes industrias. Deben alcanzar también a las miles de pymes cordobesas que todos los días hacen enormes esfuerzos para sostener su actividad", subrayó la legisladora del radicalismo.
En medio de este contexto, la unidad opositora enfrenta tensiones internas: De Loredo busca establecer una alianza con Milei, mientras que Mestre ha decidido judicializar la interna.
Las críticas más contundentes provienen de los extremos del espectro político, aunque con enfoques distintos. El liberal Gregorio Hernández Maqueda, alineado con Milei, rechazó la propuesta al considerarla que favorece de manera selectiva a ciertos sectores empresariales y cuestionó su constitucionalidad. “Rechazamos el capitalismo de amigos por corrupto e ineficiente”, afirmó con firmeza.
Desde una perspectiva liberal, Hernández Maqueda centró su crítica en la necesidad de implementar una política que busque "una rebaja drástica del gasto público para afrontar una rebaja drástica de impuestos para todos".
Por su parte, desde la izquierda, Noelia Agüero también se opuso a la norma, dirigiendo sus críticas tanto hacia Milei como al modelo laboral en Córdoba. Cuestionó los despidos de trabajadores estatales a nivel nacional y la precarización laboral que se da a través de monotributos y becas. “No creemos en la teoría del derrame. Los trabajadores son siempre los que pagan el ajuste”, sentenció. Además, caracterizó la iniciativa como “el complemento del RIGI” y se opuso a los beneficios fiscales otorgados a las empresas: “Ningún regalo a las empresas que se la llevan en pala”.
Con un amplio respaldo en la legislatura, el gobernador Llaryora logró la aprobación del nuevo régimen de promoción industrial. Sin embargo, la discusión reveló un contrapunto que va más allá de los incentivos a la inversión. Mientras que el oficialismo intentó marcar una diferencia entre el modelo productivo de Córdoba y el programa de ajuste de Milei, la oposición centró su atención en la presión tributaria y el gasto provincial. Walter Nostrala, del sector juecista, expresó: "No hay forma de tratar de lograr un beneficio impositivo cuando no hay manera de pagar la fiesta".
Por otro lado, el pleno legislativo también dio su visto bueno a los pliegos de designación de 25 jueces de Paz, así como de dos vocales de cámara y dos jueces de Control y Faltas. Además, se aprobó la modificación de seis radios urbanos en el interior provincial: Las Perdices, San Roque, El Tío, Las Higueras, Calchín Oeste y Agua de Oro. El temario incluyó, además, la sanción de la ley que regula el ejercicio de la profesión de licenciado en producción de bioimágenes en la provincia.
Fuente original: Perfil.
