PoloSur
Con la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se han establecido nuevas restricciones al tránsito aéreo y se ha reforzado la coordinación entre las autoridades civiles y militares. Esta medida tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los actos papales que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión se enmarca en un contexto de atención especial hacia la seguridad, dado el carácter de la visita papal y la afluencia de personas que se espera en esos días.
La norma amplía las regulaciones que fueron aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA, que abarcan áreas de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. En el marco de estas modificaciones, se ha habilitado el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo o destrucción de aeronaves externas que sean declaradas "hostiles". Esta medida se considera un último recurso ante situaciones que amenacen la seguridad de los eventos programados.
El uso de la fuerza implicará que la aeronave interceptora podrá emplear su poder de fuego disponible contra la estructura de la aeronave hostil, con el objetivo de anular su capacidad de vuelo y detener su trayectoria. Además, se deberá implementar un plan que minimice el riesgo de daños a la vida y bienes en la superficie. Es fundamental que se evalúen cuidadosamente las circunstancias antes de tomar una decisión de este tipo, dado el potencial impacto en la población civil.
Para que se considere un "acto hostil", el decreto establece que debe haber una comprobación de la situación. Esta definición incluye desde ataques armados hasta el uso o la amenaza inminente de utilizar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos. Entre los indicios que pueden ser considerados como hostiles se encuentran la presencia de armamento o la insistencia en mantener una trayectoria, altura o velocidad que sea compatible con un ataque a un objetivo específico, a pesar de las advertencias. La norma subraya la importancia de la vigilancia y el monitoreo constante para detectar posibles amenazas antes de que se conviertan en un riesgo real.
Sin embargo, la declaración de un acto hostil será responsabilidad del comandante conjunto aeroespacial, quien lo hará una vez que se confirme la situación. La autorización para el uso de armas, en caso de ser necesario, requerirá la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti. Esta es una atribución que el presidente Javier Milei ha delegado específicamente para este operativo, y no podrá ser transferida a ninguna otra autoridad.
Además, se prevé la intervención de medios militares que estén bajo el mando o control operacional de la autoridad de ejecución, con el fin de evitar que se vea afectado un interés vital o un objetivo de valor estratégico.
Por otra parte, el decreto establece de manera clara el tratamiento que se dará a las aeronaves civiles. En caso de que se incumpla una instrucción, la respuesta contemplada será la interceptación de la aeronave y la orden de aterrizaje en el lugar que se designe.
En este contexto, se ha determinado que el Comando Conjunto Aeroespacial será el encargado de dirigir la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, por su parte, deberá implementar las medidas necesarias y proporcionar el apoyo requerido por el mando militar.
La normativa no establece una prohibición general de vuelos, pero sí permite a las autoridades ajustar las limitaciones según el escenario y desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si es necesario para garantizar la seguridad operacional.
En este sentido, se subrayó que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.
De este modo, si se detecta una irregularidad en alguna de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir diferentes niveles de control sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El primer nivel de control será el de coordinación. En esta situación, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que tome las medidas necesarias y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.
En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán realizando sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.
El nivel más amplio de control es el que se denomina control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares. Esta medida implica que toda autorización de vuelo quedará bajo el control militar, de acuerdo con lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel de control aplicar en cada momento quedará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, quien evaluará la situación específica y determinará el enfoque más adecuado a seguir. De esta manera, se busca garantizar la seguridad en el espacio aéreo durante la visita del Papa, asegurando que las operaciones militares tengan prioridad.
Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, así como también al Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. Esta financiación es parte de los recursos destinados a garantizar la seguridad y el orden durante la visita del Papa, que ha generado un despliegue significativo de medidas de seguridad en el espacio aéreo. Las autoridades están comprometidas a utilizar los fondos necesarios para asegurar que la visita transcurra sin inconvenientes, reflejando la importancia del evento tanto a nivel nacional como internacional.
Las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa Francisco han generado un retraso en las negociaciones del Presupuesto en la Cámara de Diputados. El oficialismo se encuentra imposibilitado de sesionar hoy y mañana, ya que varios legisladores se han trasladado para actuar como veedores en los comicios de medio término. Además, los feriados y la agenda del pontífice complican aún más el panorama para la próxima semana.
En este contexto, el Gobierno ha decidido polarizarse con el kirchnerismo mientras enfrenta un creciente número de conflictos internos. Desde la Casa Rosada, han aprovechado la reaparición de Cristina Kirchner para intentar desviar la atención de otros temas. Al mismo tiempo, se han postergado las reuniones con la cúpula libertaria y se evita responder a Patricia Bullrich. A pesar de algunas coincidencias legislativas, el vínculo con el PRO no muestra signos de reactivación. Existen dudas en el Gobierno respecto a las audiencias privadas del Papa, en medio de los esfuerzos por evitar la politización de su visita.
En la Casa Rosada se aguardan mensajes generales que aborden temas como la paz, el diálogo y la pobreza. Sin embargo, existe preocupación por las posibles interpretaciones que puedan surgir de eventuales encuentros privados que el Papa Francisco mantenga con referentes locales.
Este contexto recuerda el antecedente de España, sumado a las tensiones internas generadas por la decisión de no invitar a los ex presidentes a la recepción que se llevará a cabo en el Palacio Libertad.
Fuente original: Infobae Política.
