PoloSur
El Tribunal Oral Federal N°5 ha reanudado la lectura de las acusaciones presentadas por la fiscalía contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el juicio conocido como Hotesur y Los Sauces. Ambos son acusados de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, en un proceso que se centra en el supuesto uso de la empresa hotelera y la inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Este juicio comenzó el pasado viernes y está siendo conducido por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Las dos causas han sido unificadas por orden de la Cámara de Casación Penal. Tanto Cristina como Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio de participar de forma virtual en esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de forma presencial para las indagatorias.
En la lectura del resumen de la elevación a juicio, la Fiscalía apuntó que los hechos imputados a los acusados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”. Este esquema habría permitido que se canalizara una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial.
Según la acusación de la fiscalía, la asociación criminal investigada habría canalizado el pago de dádivas a los expresidentes y su núcleo familiar, lo que habría facilitado la apropiación de fondos públicos. La fiscalía sostiene que existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, liderada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”. Este marco de acusaciones plantea serias implicaciones sobre la gestión de los recursos públicos durante las administraciones kirchneristas.
Se destacó que, de acuerdo con la investigación, “los planes criminales no se limitaban al sistema de beneficios y prebendas otorgados a empresarios cercanos”, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Además, se indicó que posteriormente “elaboraron un sistema destinado a transferir y ocultar parte de las ganancias” a la familia Kirchner mediante préstamos, adquisición de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros que les pertenecían, así como mejoras en los establecimientos y arrendamiento de inmuebles.
En relación con la maniobra de lavado de dinero, la acusación estableció que Néstor y Cristina Kirchner “compraron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito” proveniente de las empresas de Báez y del Grupo Indalo, a través de actividades hoteleras e inmobiliarias. Según la resolución, cada uno de los involucrados desempeñó un papel específico y “aportó a la asociación ilícita”. En el caso de Cristina Kirchner, se mencionó que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Junto a Néstor y Máximo Kirchner, formó la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento ubicado en San José 1111 en Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria debido a la condena en la causa Vialidad. En cuanto a Máximo, el diputado nacional de Unión por la Patria es señalado como organizador de la supuesta asociación ilícita. El hijo de los expresidentes fue designado presidente del directorio de la empresa familiar. Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa también enfrentan cargos como organizadores.
Fuente original: TN.
