PoloSur
GOBIERNO FINALIZÓ LAS JORNADAS DE CONTROL BUCODENTAL Y CORTE DE CABELLO GRATUITO EN RÍO GRANDE
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Integración Comunitaria, realizó nuevas jornadas de control bucodental y corte de cabello gratuito en distintos puntos de Río Grande.
Esta iniciativa tuvo como objetivo acercar la salud pública a los barrios de la ciudad, permitiendo que niñas y niños de 6 a 12 años recibieran el certificado de salud bucodental y cortes de cabello solidarios en el marco del inicio del ciclo escolar.
En este sentido, la secretaria de Integración Comunitaria, Daniela Díaz, expresó "superamos las expectativas, ya que la jornada fue muy concurrida y bien recibida por los vecinos de nuestra ciudad”.
"Estas jornadas promovieron la atención de la salud pública en los barrios y también el acompañamiento a la economía familiar con peluquería gratuita para las familias. Este es un programa que junto a la secretaría de asuntos gremiales venimos llevando a cabo desde inicio de año y Seguramente retomaremos la actividad a mitad de año", agregó la funcionaria.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.
Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.
La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a la concejal Florencia Vargas, recibieron al Cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.
Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.