GOBIERNO FINALIZÓ LAS JORNADAS DE CONTROL BUCODENTAL Y CORTE DE CABELLO GRATUITO EN RÍO GRANDE

Tras seis años de gestión, el Gobierno vuelve a prometer inversiones, diversificación productiva y empleo genuino como si fueran metas inéditas, cuando en realidad forman parte de una larga lista de anuncios que nunca se consolidaron: reconversión industrial, nuevos polos productivos, exportaciones con valor agregado, desarrollo acuícola y expansión científica. La diferencia es que hoy la crisis es más profunda, el empleo más frágil y la paciencia social mucho más corta.

Apenas asumió la gobernación de Tierra del Fuego, Gustavo Melella dio de baja un acuerdo de 16 años para contratar a la aseguradora del amigo de Alberto Fernández, se trata de Héctor Martínez Sosa hoy procesado y embargado.

Acusado de haberse beneficiado con contratos irregulares con organismos públicos, Melella en la mira de la justicia federal

La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.

El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.