PoloSur
Los gobernadores de las provincias con actividad minera están presionando para que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contemple un mayor compromiso con las empresas locales. En este contexto, exigen que las operadoras mineras den prioridad a sus proveedores locales y ajusten sus compras a las normativas provinciales. A través de leyes, registros y metas de contratación, buscan incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) provinciales en una industria que promete generar empleo y dinamizar la actividad económica. La tensión radica en la necesidad de conciliar este interés con las disposiciones del RIGI.
La creciente demanda de litio ha fortalecido la colaboración entre los gobernadores del norte argentino y el presidente Javier Milei. Sin embargo, el conflicto subyacente se centra en las diferencias entre los criterios jurídicos y políticos a nivel nacional y provincial. La ley 27.742, que establece el RIGI, indica en su artículo 176, inciso l, que los proyectos que se adhieran a este régimen deben comprometerse a contratar bienes y servicios locales por un monto que represente, al menos, el 20% de la inversión destinada al pago a proveedores, siempre que se respeten las condiciones de precio y calidad del mercado.
No obstante, la normativa nacional permite que un proveedor de provincias como Córdoba o Buenos Aires sea considerado "local" en proyectos ubicados en Salta o San Juan. En contraposición, las leyes provinciales buscan establecer requisitos más estrictos, que oscilan entre el 50% y el 70% de las contrataciones anuales, además de exigir que las empresas tengan un domicilio real, fiscal y personal nativo en la jurisdicción donde se lleva a cabo la obra.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional, se defienden los criterios de un enfoque federal amplio y se advierte sobre los posibles riesgos de fragmentar el mercado. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó: “Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales, no vamos a poder desarrollar una escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan con equidad”.
Los gobernadores de la Mesa del Litio y de la región minera han manifestado su apoyo a la llegada de inversiones, aunque han subrayado que la actividad minera no debe desarrollarse de manera aislada de las economías locales. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó: "Entendemos que hay que acompañar al sector privado porque son los que hacen grande a la minería, pero los recursos son de las provincias y el desarrollo debe quedarse en nuestra gente. No vamos a permitir que los proyectos operen como islas aisladas del tejido productivo local".
En este contexto, el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, enfatizó la importancia de fortalecer la cadena de valor en su provincia. "Apoyamos las herramientas nacionales de inversión porque generan empleo, pero la condición es clara: consolidar la cadena de valor local. Queremos que el compre local no sea solo un compromiso de palabra, sino una integración real de las pymes catamarqueñas en cada fase del proyecto", afirmó Jalil.
Desde Jujuy, el vicegobernador Alberto Bernis alertó sobre los riesgos de no proteger la industria local, indicando que, sin políticas de compre local, las licitaciones podrían ser adjudicadas a empresas de otras provincias o incluso del exterior. Esta advertencia resalta la necesidad de implementar medidas que prioricen a los proveedores locales en el sector minero.
En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego promovió en 2026 la Ley de Desarrollo Local Minero, que establece metas del 60% de compras provinciales y 80% de empleo local. Esta iniciativa se basa en el artículo 193 del Régimen de Inversiones para la Generación de Ingresos (RIGI), que protege las facultades provinciales para fomentar la contratación dentro de sus territorios.
El reciente anuncio de la multinacional Rio Tinto, que reportó más de 1.800 millones de dólares en contratos adjudicados a proveedores argentinos, ha sido un catalizador para este debate. La empresa detalló que, en el proyecto Rincón, ubicado en Salta, 428 millones de dólares de los 941 millones adjudicados a firmas nacionales correspondieron a proveedores salteños. Asimismo, en el proyecto Fénix 1B, en Catamarca, se destinaron 153,6 millones de dólares a proveedores locales de un total de 310,7 millones.
La ley 8164 de Salta establece que las contrataciones preferenciales de proveedores locales deben ser de al menos el 70% del monto anual contratado. Para que una empresa sea considerada local, debe cumplir con ciertos requisitos relacionados con su domicilio, empleo y composición societaria. Entre estos requisitos se incluye que al menos el 80% del personal contratado resida en Salta y que, en el caso de las sociedades, al menos el 51% del capital de la empresa corresponda a socios que también estén domiciliados en la provincia.
El gobernador Gustavo Sáenz ha llevado este reclamo a su relación con la empresa Rio Tinto. En agosto de 2025, la provincia firmó un convenio con Rincón Mining, que es una subsidiaria de la mencionada compañía, y con la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) con el objetivo de fomentar las contrataciones locales, anticipar las necesidades de compras y establecer mecanismos de seguimiento.
A pesar de las cifras presentadas, las provincias y las cámaras empresariales han expresado su preocupación por las "zonas grises" del sistema. Estas advertencias se centran en la apertura de sucursales de conveniencia por parte de grandes multinacionales, que abren oficinas únicamente para calificar en las licitaciones, mientras que el trabajo más pesado se deriva a otras regiones del país.
Además, se debe considerar la complejidad inherente al sector industrial y los tiempos reales que requieren el desarrollo de proveedores. Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz y representante de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), advirtió sobre esta situación. "Las provincias quieren ser protagonistas de los proyectos, pero eso no va a alcanzar. No es tan sencillo el proceso. Hay una ansiedad terrible con la minería, y los tiempos reales no van con esa ansiedad. Lo cierto es que es una industria que genera empleo", afirmó.
En cuanto al Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI), la definición de la ley 27.742 plantea una diferencia clave para los gobiernos provinciales: un proveedor puede estar radicado en cualquier parte del país. Esto significa que una empresa de Córdoba o Buenos Aires puede ser contabilizada para el objetivo nacional sin necesidad de ser una empresa de la provincia donde se lleva a cabo el proyecto.
El artículo 193 de la misma norma, por otro lado, protege la facultad de las provincias para fomentar políticas de contratación de proveedores locales bajo condiciones de mercado. San Juan ha invocado este artículo para justificar su política de desarrollo de proveedores.
El desafío tanto jurídico como económico radica en determinar hasta qué punto pueden avanzar las provincias con sus preferencias y metas de contratación sin entrar en conflicto con las condiciones establecidas por el RIGI.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ha impulsado una política de desarrollo local en el sector minero que tiene como metas principales que el 60% de las contrataciones anuales de bienes, obras y servicios se realicen con proveedores de la provincia y que el 80% del empleo generado sea local. Esta iniciativa busca que los grandes proyectos mineros de cobre integren a empresas locales a medida que la actividad en el sector se expande. Sin embargo, se ha señalado que la capacidad de respuesta de las pequeñas y medianas empresas (pymes) representa una de las limitaciones más significativas para alcanzar estos objetivos.
En Calingasta, donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto Los Azules, se ha indicado que predominan las empresas que ofrecen servicios básicos, como hotelería y catering. La disponibilidad de empresas con la capacidad de proporcionar servicios más especializados es escasa, lo que significa que para aumentar su participación en el sector se requiere inversión en capacitación, financiamiento y mejoras en los estándares técnicos de estas pymes.
Además, la organización del sector de la construcción también influye en el éxito de la política de "compre local". A medida que un proyecto avanza, surgen necesidades de bienes y servicios que no siempre pueden satisfacerse con proveedores locales. Por lo tanto, la discusión se centra en determinar qué contratos pueden ser adjudicados a empresas sanjuaninas y cuáles deben ser manejados por proveedores externos para garantizar la continuidad y eficacia de los proyectos.
En este contexto, las pymes metalúrgicas han expresado su deseo de abastecer a la minería, pero enfrentan desafíos relacionados con la escala de producción y la falta de acceso a crédito. Sin el apoyo del gobierno nacional, las provincias y las empresas mineras están buscando alternativas para financiar las obras necesarias en el sector. Por otro lado, en el ámbito energético, el empresario Alejandro Bulgheroni está buscando clientes en Europa para el gas de Vaca Muerta y está preparando un antiguo ducto en Tierra del Fuego para exportar gas natural licuado (GNL). Además, el plan del ministro de Energía, Gustavo Figueroa, contempla que las petroleras financien obras en un trayecto de 158 kilómetros en la región de Vaca Muerta. En este marco, las petroleras nacionales han aprovechado la Argentina Week para realizar anuncios relacionados con el Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI).
Fuente original: Letra P.
