Imágenes sorprendentes de nuestra galaxia

Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.

Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.

Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.

Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.

Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.

El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.

El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.

Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.