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A pesar de no ostentar expertise en el rubro, Javier Iguacel fundó una empresa dedicada a la explotación de petróleo con un capital inicial de u$s6.000 y se quedó con un negocio de u$s100 millones anuales.

Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012