PoloSur
El proyecto de ley se centra en la modificación de la Ley 26.659, que fue sancionada en 2011 y prohíbe la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina en la zona en cuestión. El Gobierno busca fortalecer este marco normativo tras la reciente presentación de una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, aumentando a 60 el número de personas y compañías bajo procedimientos administrativos que aún están abiertos.
Además, el proyecto contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que incluiría a la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía, así como a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este organismo tendría como objetivo principal alertar sobre posibles amenazas a la seguridad nacional. Legisladores del peronismo han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que este consejo sirva como un canal adicional para acceder a fondos reservados de inteligencia.
El decreto de necesidad y urgencia 867/2026, emitido después del mensaje presidencial del 3 de septiembre, asignó 30.519 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia, aunque no incrementó los gastos reservados. A pesar de esto, se ha señalado que la partida de capital podría ser utilizada de manera flexible. En total, la SIDE ha recibido cerca de 79.780 millones adicionales en un corto período, elevando su presupuesto a aproximadamente 176.000 millones, un 82% más que el crédito original.
El paquete de iniciativas se presenta en un contexto complicado, ya que La Libertad Avanza no logró los apoyos necesarios en las recientes votaciones en Diputados y enfrenta un Congreso adverso. El Ejecutivo tiene previsto presentar el Presupuesto 2027 el martes, mientras que sectores de la oposición argumentan que se debe priorizar la aplicación de la legislación existente antes de endurecer las sanciones.
Fuente original: MercoPress Política.
