PoloSur
El Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha suscitado controversia tras la aprobación del ingreso de Fértil Pampa SAU, la firma creada por Pampa Energía para desarrollar un complejo de producción de urea y amoníaco en Ingeniero White, Bahía Blanca. La inversión proyectada asciende a 2.693 millones de dólares en un lapso de cinco años, y el proyecto ha sido catalogado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Sin embargo, la letra pequeña de la resolución 1468, firmada por Luis Caputo, revela una posible trampa en el cumplimiento de los requisitos de contratación local.
Según la normativa del RIGI, se exige a los proyectos que presenten un plan de desarrollo de proveedores nacionales que alcance al menos un 20%. Este porcentaje ha sido considerado insuficiente por diversas organizaciones de la industria argentina, especialmente teniendo en cuenta los significativos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el Estado a estos proyectos. En este contexto, Mindlin ha encontrado una forma peculiar de cumplir con esta exigencia.
La construcción de la planta fue adjudicada a un consorcio liderado por la empresa italiana Tecnimont y SACDE, esta última de propiedad de Pampa Energía. De este modo, una empresa vinculada al dueño del proyecto se presenta como contratista nacional, lo que genera serias inquietudes sobre la efectividad del requisito de contratación local. Fértil Pampa ha reconocido esta vinculación en su presentación ante el Ministerio de Economía, solicitando una excepción que permita contabilizar la participación de SACDE como parte del porcentaje mínimo de proveedores locales exigido.
La decisión de conceder esta excepción ha sido cuestionada, ya que el mismo acto administrativo no solo permite esta maniobra, sino que también autoriza el ingreso de mercaderías a través de la franquicia del artículo 190 de la Ley de Bases, lo que podría facilitar aún más la importación de equipos bajo condiciones favorables. Este escenario plantea interrogantes sobre la efectividad del RIGI y sus implicaciones para la industria local, en medio de un debate cada vez más candente sobre la necesidad de proteger y fomentar el desarrollo de proveedores nacionales.
