PoloSur
La causa, que se desarrolla bajo la supervisión del juez federal Sebastián Casanello, ha tomado un giro inesperado tras la realización de cinco allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. Durante estos operativos, se incautaron 367.110 dólares en efectivo, hallados en un domicilio particular y en una caja de seguridad en el microcentro de la capital. Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, se encuentra en el centro de la investigación, acusado de haber solicitado dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, dueño de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que su empresa mantenía con el astillero, que ascendía a aproximadamente 200 mil dólares.
Según las hipótesis que manejan los investigadores, Gallé habría propuesto eliminar la deuda a cambio de un pago, lo que implicaría un monto total de al menos 220 mil dólares. Sin embargo, los hallazgos de los allanamientos han revelado un recibo manuscrito que menciona transacciones por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos, además de documentos como cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
La investigación se originó a partir de una auditoría interna en Tandanor, realizada tras un cambio de autoridades en la empresa. Las irregularidades detectadas llevaron a una denuncia formal por parte de la propia entidad, y en mayo, Casanello delegó la investigación a la unidad especializada en corrupción de la Policía Federal. Este caso ha sido seguido de cerca, dado que Tandanor ha estado bajo el escrutinio público desde el inicio del gobierno libertario, especialmente durante la presidencia de Ana Laura Hernández, quien llegó al cargo en la gestión de Nicolás Posse.
La gestión de Hernández estuvo marcada por una reestructuración significativa que incluyó despidos y la contratación de altos directivos, además de la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión, lo que generó tensiones internas. Con el descubrimiento de los 367 mil dólares y otros documentos comprometedores, lo que comenzó como una simple auditoría administrativa se ha transformado en un caso federal por cohecho, mientras la Justicia continúa investigando las posibles irregularidades ocurridas en el corazón de Tandanor.
