Denuncian a Sandra Pettovello por uso indebido de un sindicato intervenido en campaña política

Toma de control del sindicato de la Fruta

El 28 de diciembre, un grupo liderado por Iván Amaro, quien fue condenado en 2016 por intento de homicidio, tomó por la fuerza las instalaciones del sindicato de la Fruta en Concordia. Este acto fue presentado como parte de un proceso de "normalización" del gremio, bajo la justificación de una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu). Sin embargo, la acción fue calificada como un despojo, puesto que la patota de Amaro rompió las cerraduras y desalojó a Alcides Camejo, el entonces secretario general del sindicato.

La intervención del sindicato fue respaldada por Eduardo "Lule" Menem, quien busca controlar los recursos económicos de los sindicatos, similar a lo que ocurrió con la UATRE. Amaro, en complicidad con Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo, logró que la intervención contara con el aval de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la cual está bajo la supervisión de Pettovello.

Acto partidario en el sindicato intervenido

El escándalo se intensificó cuando Vidoni asistió a un acto partidario en las instalaciones del sindicato, un hecho que no pasó desapercibido. Junto a él, Amaro y Roque Fleitas, líder del partido de Javier Milei en Entre Ríos, se presentaron con banderas de La Libertad Avanza, dejando claro el carácter político del evento. Este acto contó también con la participación del diputado nacional Pablo Ansaloni, así como del jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales, Martín Giaccio.

La situación ha llevado a Camejo a considerar presentar una denuncia ante la OIT, argumentando que se ha violado el Convenio 87, que protege la libertad sindical. El Estado argentino, y en particular el ministerio de Pettovello, podría enfrentar serias consecuencias por permitir el uso de un sindicato intervenido para fines políticos, lo que podría resultar en una responsabilidad por omisión y complicidad en la injerencia estatal.