
La Corte Suprema de EE.UU. y su impacto en el voto por correo para las elecciones de 2026
PoloSur
Un fallo que marca la pauta
En su resolución del 24 de agosto, la Corte Suprema suspendió una orden que limitaba las secciones 2 y 3 de la Orden Ejecutiva 14399, en respuesta a una demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia. El tribunal determinó que estas jurisdicciones habían presentado su solicitud de manera prematura, al no poder demostrar un daño concreto e inmediato causado por el decreto de Trump. Como resultado, la Corte decidió suspender la medida cautelar sin entrar a valorar la legalidad del decreto.
La decisión también dejó claro que las nuevas normativas del gobierno todavía están sujetas a posibles impugnaciones. En este sentido, las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan expresaron su desacuerdo con la mayoría, mientras que Ketanji Brown Jackson presentó una disidencia por separado, lo que refleja la división en el tribunal sobre este tema tan sensible.


La batalla judicial continúa
Pese al fallo de la Corte Suprema, el eje central de la controversia para las elecciones de noviembre radica en otro litigio. La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, emitió el 11 de agosto una orden judicial que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) implementar las nuevas reglas para las elecciones federales del 3 de noviembre o cualquier elección previa. Según informes de Associated Press, esta segunda medida cautelar permanece vigente, lo que llevó a la administración Trump a presentar una moción el 24 de agosto para intentar levantarla.
La Orden Ejecutiva 14399 también incluye directrices que no dependen del USPS. Por ejemplo, la sección 2 exige al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de votantes y al Departamento de Justicia priorizar investigaciones sobre la entrega de boletas a electores no habilitados. Mientras se resuelve esta disputa legal, el USPS ha preparado la normativa que desarrolla el decreto sobre el voto por correo, aunque esta no se aplicará para las elecciones de 2026 mientras persistan las cautelares. Si el gobierno logra obtener una autorización judicial a tiempo, el sistema podría activarse de inmediato.


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