Polo Sur
USHUAIA.- Veinte días de acampe. Jornadas sin clases. Reclamos salariales. Familias reorganizando una y otra vez su vida cotidiana. Docentes movilizados y un Gobierno provincial que continúa sin conseguir una solución capaz de devolverle previsibilidad al sistema educativo.
La situación expone una contradicción difícil de disimular: Gustavo Melella llegó al Gobierno provincial después de haber construido buena parte de su identidad política alrededor de la educación y la reivindicación de su pasado docente. Sin embargo, casi siete años después, la educación fueguina atraviesa una crisis que se prolonga y cuya resolución depende, en buena medida, de su propia administración.
El acampe docente cumple ya 20 días y se convirtió en la representación física de un conflicto que excede ampliamente una discusión salarial.
Porque mientras pasan los días, también pasan jornadas escolares que difícilmente puedan recuperarse en toda su dimensión.
La discusión salarial es el detonante inmediato, pero detrás aparece una cuestión estructural: la incapacidad política para construir un acuerdo sostenible que permita garantizar simultáneamente salarios docentes adecuados y continuidad educativa.
El Gobierno puede argumentar restricciones presupuestarias, caída de recursos y un escenario económico nacional adverso. Son factores que necesariamente forman parte de cualquier análisis serio de las cuentas provinciales.
Pero después de casi siete años de gestión, resulta cada vez más difícil explicar la crisis educativa únicamente por factores externos.
Gobernar también implica establecer prioridades.
Y cuando durante semanas docentes y Gobierno permanecen enfrentados mientras miles de estudiantes quedan condicionados por paros y medidas de fuerza, el problema deja de pertenecer exclusivamente al sindicato o al Ministerio de Educación: se transforma en un problema político del Gobernador.
La situación adquiere además una dimensión simbólica.
Melella proviene de la docencia y durante años convirtió esa trayectoria en parte de su discurso político. Por eso resulta todavía más contundente que sea precisamente durante su administración cuando el conflicto educativo alcance semejante nivel de desgaste.
El problema no puede reducirse a determinar quién tiene razón en cada instancia de negociación.
La pregunta que deberían hacerse los fueguinos es mucho más sencilla:
¿Cómo llegó Tierra del Fuego al punto de naturalizar que sus chicos pierdan días de clases año tras año por conflictos que el sistema político nunca consigue resolver definitivamente?
Porque detrás de cada jornada perdida existen estudiantes.
Y detrás de esos estudiantes hay familias.
Los efectos tampoco son iguales para todos.
Una familia con recursos puede recurrir a acompañamiento particular, plataformas educativas, actividades complementarias o, directamente, elegir educación privada.
Pero miles de hogares dependen exclusivamente de la escuela pública.
Para ellos, cada interrupción tiene consecuencias concretas.
Por eso la discusión salarial y el derecho a la educación no deberían presentarse como intereses enfrentados. El Estado provincial tiene la responsabilidad de generar las condiciones para garantizar ambos.
Los docentes necesitan condiciones salariales y laborales que permitan sostener el sistema.
Los alumnos necesitan estar en las aulas.
Y corresponde al Gobierno encontrar el mecanismo para compatibilizar esas dos obligaciones.
La Provincia atraviesa dificultades fiscales y el ajuste nacional impacta sobre las cuentas fueguinas. Negarlo sería desconocer una parte relevante del contexto.
Pero también corresponde discutir cómo se administran los recursos disponibles y cuáles son las prioridades del Gobierno.
Cuando una administración sostiene que no dispone de recursos suficientes para resolver áreas esenciales, cada gasto, estructura política, contratación y decisión presupuestaria queda inevitablemente sometida al escrutinio público.
Porque un presupuesto no es solamente una planilla contable.
Es una definición política de prioridades.
Y pocas responsabilidades estatales deberían ubicarse por encima de garantizar educación.
Ese es quizás el dato políticamente más incómodo para el Gobierno.
No son veinte horas.
No son dos días.
Son veinte días de acampe.
Veinte días durante los cuales el conflicto permaneció abierto sin que la administración provincial consiguiera generar una salida aceptable para las partes.
Y mientras la discusión continúa, la sociedad fueguina queda atrapada entre posiciones enfrentadas.
Los docentes reclaman.
El Gobierno explica sus limitaciones.
Las negociaciones se suceden.
Y los chicos pierden clases.
Ese círculo debería haberse roto hace mucho tiempo.
Melella ya no puede presentarse como un dirigente recién llegado que heredó todos los problemas del sistema.
Gobierna Tierra del Fuego desde diciembre de 2019.
Después de casi siete años, las fortalezas y las debilidades estructurales de las políticas provinciales también forman parte de su balance.
Y la educación no puede quedar afuera.
El conflicto actual podrá eventualmente resolverse con una nueva negociación salarial. El acampe podrá levantarse. Las clases podrán normalizarse.
Pero existe una pregunta mucho más profunda que seguirá pendiente:
¿qué hizo el Gobierno durante estos años para evitar que la educación fueguina vuelva recurrentemente al mismo punto de conflicto?
Porque una provincia puede atravesar una crisis.
Lo preocupante es convertir la crisis en normalidad.
Y después de 20 días de acampe, con docentes reclamando, familias agotadas y alumnos afectados por la discontinuidad escolar, la educación fueguina vuelve a mostrar una imagen que ninguna explicación oficial puede maquillar.
El Gobierno de Gustavo Melella tiene la responsabilidad de resolverla.
No dentro de algunos meses.
No cuando mejoren las cuentas públicas.
No cuando cambie el contexto nacional.
Ahora.
