El avión pertenecía al empresario Leonardo Scatturice, ex SIDE, nuevo dueño de Flybondi y cercano al Gobierno nacional. El Ejecutivo había negado fallas en la supervisión y Adorni había asegurado que no era diez valijas.
Actualidad08/07/2025
Polo Sur
En las últimas horas de desató un nuevo escándalo de posible corrupción y/o contrabando que salpica al Gobierno nacional. El 26 de febrero de este año, un jet privado que venía de Miami arribó en el Aeroparque Jorge Newbery y esquivó todos los controles de Aduana. Apenas se conoció el caso, el Gobierno negó que se hayan salteado controles pero la investigación judicial e imágenes de cámaras de seguridad muestran exactamente lo contrario.
El avión era de la empresa Royal Class, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, ex SIDE, el nuevo dueño de Flybondi, cercano a Santiago Caputo y enlace de Javier Milei con Donald Trump y la CPAC.
En el vuelo viajaba Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, una de las empresas de Scatturice, junto a dos tripulantes y diez valijas. Sin embargo, la mujer declaró que tenía solo cinco equipajes. Spoiler: ninguno fue controlado.
La gran mentira: "Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, aseguraba meses atrás el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
En las últimas horas, una investigación de TN publicó las imágenes que confirmaron que fueron 10 las valijas y que ingresaron al país sin los controles correspondientes.
A pesar de los intentos del Gobierno por desviar el foco de atención y asegurar que nadie irregular había sucedido alrededor del vuelo N18RU, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar y pidió todos los informes de PSA, Royal Class y Aduana. Por su parte, la Justicia también inicio una causa y soliticó los videos de seguridad de aeroparque y las declaraciones de los funcionarios jerárquicos que intervinieron.
La investigación judicial arrojó que los tripulantes y la pasajera del jet privado fueron guiados por el aeropuerto por personal de Aduana “sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje”, al que sí fueron sometidos pasajeros de otros vuelos en ese mismo momento.
Además, los fiscales que investigan un posible contrabando detallaron que la ANAC no registró al avión, que tampoco hubo un registro de control continuo del avión mientras estuvo en el hangar de Aeroparque y que se presentaron severas irregularidades e inconsistencias en los registros migratorios.
El avión llegó el 26 de febrero y en los registros migratorios se decía que el vuelo venía de Fort Lauderdale (KFLL) en Florida, Estados Unidos, pero en realidad partió de Opa-locka (KOPF). A partir de esa fecha, la nave estuvo en el hangar de Aeroparque hasta el 5 de marzo cuando, según el registro oficial de Migraciones, el avión partió nuevamente a Fort Lauderdale. No obstante, el jet privado no regresó a Estados Unidos sino que fue a París e hizo una escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.
Finalmente, la fiscalía pone la lupa sobre el informe de Royal Class que dice que durante su estadía en Aeroparque, nadie ingresó al avión. La Justicia en cambio analizó las grabaciones del hangar que tomó la Policía Federal y concluyó que las filmaciones tiene “huecos temporales” que imposibilitan monitorear de forma constante la actividad alrededor de la nave.
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La empresa aplicó un esquema de acuerdos individuales para concretar las salidas, sin intervención gremial. Fuentes del sector señalan que el proceso continúa y que el número de bajas podría seguir aumentando.
Dos reporteros y tres camarógrafos de esa cadena de noticias sufrieron un ataque israelí mientras estaban en una carpa de prensa frente a un hospital gazatí. Ya son 237 los trabajadores de prensa asesinados por Israel, más que en las dos guerras mundiales juntas.
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