PoloSur
En un contexto donde el gobierno ha intentado disminuir o eliminar varios impuestos, como las retenciones y el impuesto PAIS, el panorama fiscal argentino continúa siendo uno de los más gravosos a nivel global. Según un reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Argentina ostenta, en promedio, los impuestos más altos del mundo, destacándose en el segundo lugar en el impuesto a las ganancias y ocupando el primer puesto en varios gravámenes, como el impuesto sobre débitos y créditos y los derechos de exportación.
La complejidad del sistema tributario argentino también contribuye a este problema. Mientras que la mayoría de los países no superan una decena de impuestos, Argentina cuenta con aproximadamente 150, lo que crea un entorno de hiperregulación que dificulta la actividad económica. Aunque se han realizado reducciones en los tributos nacionales, los impuestos provinciales y municipales siguen siendo numerosos y pesados, concentrando la mayor parte de la recaudación en unos pocos gravámenes.
Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de una reforma fiscal que no solo busque reducir la carga impositiva, sino que también aborde la alta tasa de informalidad en el país, que se estima entre el 45% y el 50%. La presión fiscal sobre el sector formal asciende a un preocupante 56%, lo que indica que las empresas trabajan más para el Estado que para su propio beneficio. Este panorama exige una reestructuración profunda del sistema tributario argentino.
La reforma fiscal debe ser impulsada por el gobierno nacional, apoyada por las provincias y respaldada por la sociedad civil, que debe involucrarse activamente en la demanda de un sistema tributario más equitativo. Solo así se podrá lograr un equilibrio entre la necesidad de ingresos para el Estado y la capacidad de los ciudadanos y empresas de contribuir de manera justa y sostenible.
