PoloSur
La situación crítica en los puertos argentinos se desató tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. Ante esta medida, muchos prácticos han optado por no aceptar nuevas contrataciones, en rechazo a la normativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según informaron fuentes del sector agroindustrial, más de 150 buques se encuentran detenidos, incapaces de ingresar o salir de los puertos debido a que requieren la asistencia de un práctico.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) ha expresado su preocupación por las interrupciones en las operaciones portuarias de sus empresas asociadas. Según la entidad, la falta de prácticos está afectando a la distribución de combustibles en el país, lo que podría desencadenar problemas de abastecimiento. La situación se ha vuelto crítica en puertos como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca y Santa Cruz, donde se realiza una parte significativa de la logística energética.
Frente a la paralización, la Prefectura Naval Argentina ha comenzado a enviar intimaciones a los prácticos para que reanuden sus actividades de inmediato. El organismo ha recordado que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación, alertando que la interrupción de esta actividad podría acarrear consecuencias legales. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha señalado que no puede intervenir mediante una conciliación obligatoria, ya que no se trata de un conflicto laboral en sentido estricto, sino de una decisión personal de los prácticos.
En medio de esta crisis, el decreto del presidente Javier Milei busca reducir lo que el Gobierno denomina "costo argentino" al eliminar regulaciones consideradas obsoletas desde 1991. Con esta medida, se espera fomentar la competencia en el sector, aunque sus efectos inmediatos han dejado a muchos buques en un limbo, ilustrando la tensión entre la desregulación y la necesidad de un servicio esencial para el comercio marítimo.
