ARCA: una pyme puede presentar hasta 89 declaraciones juradas al año y enfrentar multas de hasta $10 millones

Aumento de Declaraciones Juradas y Riesgo de Sanciones

Las pequeñas y medianas empresas en Argentina se ven cada vez más afectadas por el incremento en la cantidad de declaraciones juradas que deben presentar anualmente. Según Miriam Roldán, tributarista que colabora con el ministro de Economía, Luis Caputo, un trabajador autónomo del rubro de la plomería ha pasado de presentar 14 a 38 declaraciones, un cambio que refleja la creciente complejidad del sistema tributario. Este aumento en la carga burocrática no solo incrementa el número de documentos, sino que también eleva el riesgo de incumplimientos y, por ende, de sanciones severas.

Las multas por incumplimientos pueden oscilar entre $220,000 y $10 millones, dependiendo del tipo de declaración no presentada. Roldán subraya que la falta de proporcionalidad en las sanciones es un problema crítico, ya que tanto un autónomo como una gran empresa enfrentan las mismas penalidades por la misma infracción. Este enfoque ha generado un descontento creciente entre los contribuyentes, quienes consideran que el sistema actual es injusto y perjudicial para las PYMES.

Propuestas para Reformar el Régimen de Multas

En una reciente reunión, Roldán presentó un proyecto de ley que busca reformar el régimen de multas de ARCA. Entre las propuestas se destaca la reducción de sanciones de hasta un 80% para microempresas y personas, un 60% para pequeñas empresas y escalas menores para medianas empresas. Además, se plantea la eliminación de las multas automáticas, sugiriendo un período de gracia tras la notificación del incumplimiento, que varía entre 30 y 90 días según el tamaño de la empresa.

La iniciativa busca no solo aliviar la carga económica de las PYMES, sino también establecer un sistema más equitativo que considere la capacidad contributiva de cada contribuyente. Roldán enfatiza que la actual normativa, al no tener en cuenta esta variable, se convierte en una carga confiscatoria para los pequeños empresarios, contraviniendo principios fundamentales de justicia fiscal.