Memoria: cuando la corte le regalo un fallo por corrupción a Macri

Como anillo al dedo o como regalo de Papá Noel. El 27 de diciembre del 2024, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el expediente de la quiebra de Correo Argentino SA, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri y principal dolor de cabeza en los tribunales para el exmandatario, ya que podria costarle la extensión de la quiebra a las principales compañías del grupo: Socma y Sideco.  

La empresa Correo Argentino SA tiene a la familia envuelta en denuncias de presunto fraude a los acreedores y los Macri estaban desde 2021 a la espera de una resolución clave para el futuro judicial del conglomerado económico. A instantes de perder los tres votos necesarios para beneficiar con un fallo a Correo, la Corte Suprema actuó y decidió hacer lugar a un planteo de los Macri: que la causa pase a la órbita de un tribunal amigables con el expresidente: el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, máxima instancia judicial porteña.

Correo Argentino SA es una empresa fundada por Franco Macri que tenía a su cargo la concesión del servicio postal del Estado Nacional, cuando se privatizó durante el menemismo. En 2001, la empresa entró en concurso de acreedores. Su principal acreedor era y sigue siendo el Estado Nacional. La deuda con el Estado era entonces de 300 millones de pesos/dólares.

En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización del servicio portal y el correo regresó a manos del Estado. Correo Argentino SA pierde entonces la concesión. Para entonces, seguía el trámite de su concurso de acreedores para resolver sus deudas sin supuesta solvencia económica. 

El primer juez del caso firmó un decreto de quiebra, pero sería revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

En 2016, la empresa reclamó ante la Justicia que el Estado le pague por la estatización y la falta de pago de servicios postales durante los años 90. Mientras tanto, en junio, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de la deuda del Estado por la falta de pago del canon de la concesión. Acuerdan que los Macri paguen sólo $296 millones.

En octubre de 2016, el expediente ingresó a la fiscalía general ante la Cámara Comercial, a cargo de Gabriela Boquin. En diciembre, Boquin firmó su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. En un informe contable, el Ministerio Público Fiscal estableció que el acuerdo garantizaba una quita del 98,87% de la deuda de la empresa, ya que ascendería en 2017 a $4.000 millones.

En febrero de 2017, sale a la luz en el diario La Nación el segundo dictamen de la fiscal, en el que se opuso al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Ante el escándalo mediático, Macri ordenó volver a “foja cero” y renegociar la deuda. 

En abril, Boquin denunció el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA por parte de los administradores de los Macri ante el supuesto desvío de fondos hacia Socma y Sideco, empresas del grupo familiar. Los responsables de Correo, Socma y Sideco niegan las acusaciones.

Desde entonces, comenzó un derrotero judicial en torno al caso, en el que la jueza no definía la quiebra y los Macri intentaban apartar a la fiscal del caso. Tras la orden judicial de intervenir la compañía, intentaron también apartar a la jueza. 

        
En 2021, Socma cambia de estrategia: aunque presentaba recursos ante la Corte Suprema de la Nación, decide acudir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con el apartamiento de la fiscal Boquin. La decisión es controvertida porque el tribunal porteño no tiene competencia sobre la Justicia Nacional, donde tramita la quiebra. Es como si un correntino acudiera a un tribunal de Chaco para pedirle que intervenga en un expediente que tramita en Corrientes. Con una salvedad en la que hizo hincapié el grupo Macri: está pendiente el traspaso de los tribunales nacionales (no federales, como el fuero penal ordinario, el civil, el comercial) a la órbita de la Justicia porteña.

Sin embargo, el traspaso dista mucho de estar en condiciones de decretarse, advirtieron desde abogados, magistrados y hasta los gremios judiciales en sendos comunicados realizados en los últimos días. 

Mientras Socma planteaba al Tribunal Superior de la Ciudad que debía intervenir para apartar a Boquin del caso, el Ministerio Público Fiscal sostenía que la deuda de la empresa con el Estado Nacional ya se acercaba a los $5.000 millones. También intenta apartar a la jueza ante algunas decisiones contrarias a sus intereses.

Si la compañía no llegaba a un acuerdo con sus acreedores, entonces la jueza debía decretar la quiebra.

El 5 de julio de 2021, la jueza dictó la quiebra de la empresa. Los representantes de la firma apelaron la decisión, recusaron a la fiscal y a la jueza e interpusieron otros recursos para dilatar la concreción de la quiebra.

El 4 de mayo de 2022, dos juezas de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –Matilde Ballerini y María Elsa Uzal– resolvieron suspender el trámite de la quiebra, haciendo lugar a lo solicitado por los representantes de Correo. Ante dicha decisión de la Cámara, la fiscal Boquín interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Macri también acudieron a la Corte, pero con otro objetivo: plantearon al tribunal que la causa no era competencia de la Corte sino del Tribunal Superior de la Ciudad.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó la intervención de ese tribunal y sostuvo que el expediente de la quiebra debía seguir tramitando en la Justicia Nacional y en la Corte.

¿Qué decidió la Corte Suprema a fines de diciembre?
Unas 72 horas antes de que finalizara 2024 y cuando el juez Juan Carlos Maqueda estaba a punto de jubilarse, la Corte, por mayoría tomó una decisión a favor de Correo: envió el expediente de la quiebra al Superior Tribunal de la Ciudad. Pero primero sentó las bases para poder hacerlo: el tribunal dictó un fallo en otra causa, del fuero civil, en el que una de las partes sostenía lo mismo que Correo: que en su caso, el tribunal revisor de las decisiones tomadas en el expediente por el tribunal de apelaciones es el Superior de la Ciudad y no la Corte. 

La fiscal Gabriela Boquin interviene ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y tiene a su cargo una investigación por el supuesto vaciamiento de Correo. Ministerio Público Fiscal.
El caso civil no está relacionado con el expediente de los Macri pero la Corte se encargó de que así fuera. Tras la Navidad, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Maqueda establecieron que en el caso civil correspondía la intervención del tribunal porteño. Luego, con la jurisprudencia establecida, la Corte remitió el expediente de Correo a dicho tribunal.

De esta manera, tres de los jueces supremos establecieron que el tribunal superior y última instancia judicial de las causas que tramitan ante la Justicia Nacional ordinaria situada en esta ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia porteño y no la propia Corte Suprema de la Nación, como venía siendo.

La Corte se basó en “la existencia de una situación anómala” en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la Justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Es decir, los fueros que no son federales.

Los jueces argumentaron que su decisión va en sintonía con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local de la Ciudad; en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y en los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales de Nación a Ciudad.

La Corte decidió que esta nueva jurisprudencia se aplique a los “casos pendientes de decisión en los cuales ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones dirigidas contra sentencias de cámaras nacionales […] que fueran notificadas con posterioridad a este fallo”. El caso Correo entra en estas categorías.

El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la decisión de sus colegas implica que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional, “transformación que no registra precedentes, pues no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

¿Por qué el caso Correo Argentino SA es central para la familia Macri?
Si Correo no puede pagar la deuda millonaria establecida por la Justicia, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, principales accionistas de la compañía en las últimas décadas. 

Además, Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.

Además, tienen también una investigación en su contra por el presunto vaciamiento de la compañía Correo Argentino en la fiscalía de Boquín.

Jorge y Mauricio Macri en tiempos de la campaña 2023. Archivo NA
¿A quién beneficia esta decisión de la Corte?
La Corte venía fallando en contra de los planteos de la compañía de los Macri hasta diciembre último. La decisión favorece a Correo y le da la razón a Socma, principal accionista. Beneficia a la familia Macri.

Ahora, el fiscal general que intervendrá en el caso como instancia superior es Juan Bautista Mahiques, exfuncionario de Macri en el ministerio de Justicia, representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El Superior Tribunal de la Ciudad tiene jurisdicción en el distrito gobernado por el primo de Macri, Jorge Macri.

¿Cómo influye la decisión de la Corte en el caso Correo Argentino SA?
El objetivo de Correo en todos los movimientos que realiza en el expediente es el mismo: desplazar a la fiscal. Luego se sumó un segundo objetivo: desplazar a la jueza. De fondo, hay un tercer objetivo: evitar pagar una deuda multimillonaria al Estado y la extensión de la quiebra a Socma y Sideco.

Lo que suceda en el expediente de la quiebra y en el del vaciamiento de Correo también es central en el destino de la causa penal que tiene el juez Lijo y en el que Macri está imputado.

Ahora, los accionistas de Correo podrán plantear sus reclamos ante un tribunal integrado por algunos jueces de estrecha relación con Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Una de las juezas del Superior Tribunal porteño es Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación. Otro es Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri. Marcela De Langhe asumió en el tribunal en junio de 2019, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta, entonces aliado de Macri. Estos tres jueces ya habían votado a favor de Socma en 2021, cuando la empresa de los Macri pidió al Superior de la Ciudad que intervenga en el caso.